martes, noviembre 26, 2024
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Treinta detenidos ya por la trama del semáforo

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Tal y como ha adelantado Estrella Digital, casi de madrugada, agentes especiales de la comisaría central de la UDEF han procedido al registro o al requerimiento de información en 26 ayuntamientos entre ellos el de León y el de Palencia. La policía busca los contratos suscritos por esos consistorios con una empresa de Barcelona llamada Gespol, (vinculada con al grupo Sacyr), que, en solitario o en UTE, se habría beneficiado de contratos millonarios cuya adjudicación se habría realizado de formas ilegal y en algunos casos, además, a cambio de sobornos.

Múltiples registros

La UDEF también ha entrado en el ayuntamiento de Fuenlabrada en Madrid, a cuyo jefe de la policía local se va a interrogar en calidad de investigado en las próximas horas. Con la ayuda de la UIP –Unidad de Intervención policial-,  los agentes de policía judicial también han irrumpido en el ayuntamiento de Astorga a cuyo alcalde la fiscalía Anticorrupción pretende imputar por prevaricación entre otros delitos.

La policía ha procedido al registro del ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo y en el de Villaquillambre en la provincia de León así como en los ayuntamiento de Mollet de Valles y de Tiana den Barcelona, entre otros.

Una empresa en del punto de mira

El juez de Badalona, a instancias de la fiscalía Anticorrupción, ha ordenado  el registro de la empresa Aplicaciones Gespol situada en del barcelonés barrio de la Verneda. Según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, el registro de Gespol será determinante para constatar que la empresa, se benefició de forma fraudulenta de concursos y adjudicaciones públicas en decenas de municipios. Expertos informáticos de la policía están recabando la documentación digital almacenada por la sociedad.

Policía local imputada

Según fuentes, de la investigación, Gespol facilitaba a esos ayuntamientos, la tecnología y el software necesarios para la gestión de señalización semafórica de la ciudad y para los indicativos, comunicaciones y almacenaje de información de las distintas policías locales. Es por ello que, al margen de alcaldes y concejales, algunos de los jefes de policía local de los municipios investigados, están siendo igualmente imputados dado que sus informes, en la mayoría de los concursos, eran determinantes para inducir el voto del tribunal que tenia que adjudicar el contrato.

 

Carlos Quílez

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