El magistrado instructor del Tribunal Supremo que investiga lo que se ha dado en llamar “el procés”, Pablo Llarena, se encuentra en una encrucijada: su prestigio profesional decaerá si anula la euroorden contra el ex president, Carles Puigdemont y si no lo hace, el líder soberanista será extraditado pero no podrá ser investigado (ni juzgado) por el delito de rebelión.
Ese es el panorama que se presenta ante el juez a resultas de la decisión de la justicia alemana de aceptar la extradición de Puigdemont por malversación pero no contemplar como acreditado, (en contra del criterio del Supremo y de la fiscalía española) el delito de rebelión.
Los jueces alemanes entienden que la violencia necesaria y consustancial para acotar un delito de estas características no se dio en el caso planteado por España. Además, el ordenamiento penal alemán no recoge ni regula “la violencia previsible o en ciernes” que insinúa Llarena en sus autos y que son la base que justifica el procesamiento por rebelión de ex presiente y de los consellers y disputados.
Puigdemont, de rositas
Así, si Carles Puigdemont pisa finalmente España le espera, sin duda, la prisión preventiva pero sólo por malversación y desobediencia. No así al resto de investigados por rebelión que tendrán que soportar sobre sus espaldas y aunque resulte contradictorio, los graves costes procesales de una imputación por ese delito tan grave, y del que no se librarán salvo si el Supremo da un giro copernicano. A Puigdemont le puede salir prácticamente gratis unos hechos que a sus compañeros de gobierno le pueden reportar hasta 20 años de cárcel.
Los presos, más presos
La decisión de la justicia alemana sólo afecta a Puigdemont y difícilmente el Supremo modificará su firme línea de imputación por todos conocida. Cuestión diferente será si el alto tribunal se mantiene en sus trece cuando, como parece, la justicia escocesa y belga resuelvan los recursos sobre la extradición de los consellers allí exiliados (para unos), fugados (para otros), en el sentido idéntico al expresado por la justicia alemana.
La fiscalía, clave
Tres países enmendando la plana al Supremo es un órdago difícil de digerir. Más aun cuando la dirección de la Fiscalía General del Estado recae en una mujer, María José Segarra, “enfermizamente legalista y garantista”·, según explican los fiscales que han trabajado con ella, que la conocen bien y que nada tiene que ver con sus antecesores, Maza y Melgar, absolutamente entregados a las directrices del ministro Rafael Catalá.
Un veterano fiscal del Tribunal Supremo ha explicado a este medio que “la decisión alemana, ha puesto a Segarra en una magnífica situación para, si lo desea, rectificar del punto de mira de la acusación pública en este caso.
Carlos Quílez