Todos los informes de especialistas «confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora», destacan en su comunicado las juezas. Critican así la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos, así como a indemnizar al padre, Francesco Arcuri, con 30.000 euros y al pago de las costas, incluidas las de la acusación.
A juicio del colectivo, este fallo «que se percibe como decisiones desproporcionadas o dictadas al margen de la realidad social» es producto de ignorar la «obligación» de integrar la perspectiva de género en la aplicación del derecho, de forma que se pueda interpretar la norma salvaguardando los derechos humanos.
AMJE considera que la «persistencia de estereotipos» sobre los maltratadores y las víctimas en la labor judicial llevan a valoraciones de las pruebas e interpretaciones de la norma que corren el riesgo de «consagrar una manifiesta injusticia«.
Y recuerda que recientes pronunciamientos judiciales, como la sentencia de la sala segunda del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2018, integran el «mandato» de aplicar la perspectiva de género y atender las «particulares circunstancias que pueden darse frente a quien denuncia ser víctima de violencia machista».
La asociación recuerda que en 2014 el Comité CEDAW de Naciones Unidas recomendó a España en un dictamen a raíz del asesinato de la hija de Angela González que se tomaran «medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos».
Ese dictamen, prosigue la asociación, se ha visto «parcialmente» cumplido en la reciente sentencia del Supremo que reconoció el derecho de la hija de González a ser indemnizada «por la ineficaz protección que le dieron a ella y a su hija las instituciones y órganos judiciales españoles».
Finalmente, AMJE insiste en que no se sigan «ignorando» esos mandatos legales y jurisprudenciales para «dejar de ser herederos y herederas de una justicia patriarcal que la sociedad no tolera y la comunidad internacional condena» y mantener la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Redacción