El Bufete de Abogados Nuria De Madariaga ha presentado, a través de LexNET, una demanda penal contra los 602 “migrantes” que el pasado viernes 27 de julio asaltaron la valla de Ceuta armados y con mucha violencia hiriendo a al menos 22 guardias civiles, algunos de gravedad. Como confirmó la propia penalista, Nuria Gutiérrez de Madariaga, dirigió la demanda penal al juzgado que se encontraba de guardia el propio día del asalto para que la misma no entrara en turno de reparto y demorara en demasía el proceso que pretende iniciar.
Dirige el bufete malagueño de abogados Nuria de Madariaga y en su demanda, que ha recaído en el juzgado número 5, considera a los subsaharianos como integrantes de una banda organizada al estimar que «el asalto fue llevado a cabo a través de una organización minuciosa, no fue un acto espontáneo».
Tal y como recoge la denuncia presentada, la letrada solicita que se les impute a los 602 inmigrantes los delitos de atentado de los artículos 550 y 551.1.2 que supone una pena superior por la utilización de objetos peligrosos, objetos contundentes y líquidos inflamables; por delitos de lesiones, cuya gravedad aún está por determinar mientras no se tenga acceso a los partes médicos de los guardias civiles, aunque como la denuncia dice que existió un claro “ánimus laedendi” (ánimo de lesionar) y ahora habrá también que determinar si también existió “animus necandi” (ánimo de matar), por la peligrosidad objetiva de los medios utilizados. También pide que se les impute delitos de desórdenes públicos por el empleo de objetos peligrosos y el peligro para la integridad física de los atacados.
De Madariaga también incluye dentro de la denuncia el agravante de considerar a los 602 subsaharianos integrantes de una banda organizada, ya que tal y como ella misma dijo a El Pueblo de Ceuta, diario en el que suele colaborar asiduamente, “el asalto fue llevado a cabo a través de una organización minuciosa, no fue un acto espontáneo, por lo que se puede considerar lo de banda organizada, lo que supone un elemento agravante”.
La letrada, además de recordar en los hechos que el ataque fue planeado previamente con especial alevosía, con objetos e instrumentos peligrosos como hierros, cizallas, lanzallamas en spray, piedras y botes con cal viva y heces, también hace mención que los asaltantes conocían perfectamente el escaso número de efectivos a “quienes iban a atacar, así como la escasez material de medios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la prohibición de defender la frontera con material antidisturbios o incluso fuego real, como en otros países”, por lo que los asaltantes, tal y como refleja De Madariaga en su denuncia, “conocían perfectamente la imposibilidad de los guardias para repeler un ataque masivo de enorme violencia”.
La abogada destaca que lo que ha motivado la presentación de esta denuncia se ha debido a “las imágenes de los presuntos delincuentes gritando alegremente tras haber perpetrado un gran número de delitos” poniendo de manifiesto que “esa impunidad y esa falta de obligación de perseguir los delitos y detener a los culpables, ha generado una gravísima alarma social en la población y una sensación de total indefensión, sobre todo la sensación de riesgo de la fractura del Estado de Derecho y de la falta de aplicación de las leyes”.
Además, con el fin de poder adecuar la acusación particular al máximo e invocando la tutela judicial efectiva, la letrada ha solicitado al juez del juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5, Antonio José Pastor, que se determine las identidades de todos los participantes en el ataque, identificación que debería facilitarse desde el área de Extranjería. Igualmente ha solicitado que se proceda a la lectura de los derechos de todos los subsaharianos asaltantes como investigados por los delitos antes expuestos y que se analicen las cámaras de seguridad para tratar de determinar la participación de los más violentos.
Finalmente, la letrada también pide que se celebre la comparecencia y se pida para todos los subsaharianos del asalto masivo prisión incondicional y sin fianza en base a el riesgo de fuga, la grave alarma social generada, la peligrosidad del perfil, el riesgo de reiteración delictiva, y la gravedad del delito y de las penas que en su día les pueden corresponder.
Redacción