Desde principios de julio, fecha en que se crearon los dos tramos de playas caninas, no han parado los conflictos entre defensores y detractores de esta medida. En varios meses se han producido varias manifestaciones, tres de ellas en contra y una a favor.
Estos conflictos, han sido también motivados por la confusión y falta de información entre los vecinos sobre los límites reales de la playa. Incluso ha generado confusión entre los agentes de la Policía Local, reclamados constantemente para atender las quejas de unos y otros.
Un caso especialmente polémico es el de la Cala del Moro donde se encuentra un cartel indicativo de prohibición de perros justo en la zona autorizada para ellos.
Los vecinos solicitaban del juzgado que acordara «inaudita parte», es decir, sin escuchar los argumentos del Ayuntamiento, la suspensión del uso de la playa canina, según su propia argumentación «para impedir que la declaración afecte a todo el verano, agosto fundamentalmente, y así que, los principales usuarios de la cala por cercanía, que son los ocupantes de las viviendas adyacentes, que vienen única o principalmente en temporada estival, queden privados de seguir utilizando la playa en el modo en que hasta ahora venían haciéndolo». Ofreciendo además una fianza de 1.000 euros.
El pasado 25 de junio, José Manuel Dolón, el alcalde , promulgaba un decreto por el que se declaraban como playas caninas dos zonas, Punta Margalla y Cala del Mal Paso (Cala del Moro), de acuerdo con los requisitos del artículo 36.3 de la Ordenanza de playas. Contra el decreto se interpuso un recurso contencioso administrativo por parte de la comunidad de propietarios de la zona de la Cala del Moro (Mancomunidad de propietarios Cala del Moro bloques). La resolución judicial no dirime el fondo del asunto, que se abordará a partir del mes de septiembre si se formaliza la demanda, aunque el fallo puede tardar años en materializarse.
El juzgado no admitió la tramitación como medida «cautelarísima al no estimar la urgencia y acordó la tramitación del incidente como medida cautelar normal». Dio traslado al Ayuntamiento por 5 días para que presentara alegaciones y habilitó extraordinariamente el mes de agosto para la realización de los trámites procesales. Las alegaciones se presentaron el 3 de agosto. Ni el Ayuntamiento ni los vecinos habían informado sobre la presentación de esta medida judicial.
El 7 de agosto el juzgado dictó el auto por el que se desestima la medida cautelar «por entender Su señoría que no hay un perjuicio irreparable para la comunidad de vecinos porque la playa canina es temporal y provisional, solo para este año -está prevista una consulta popular coincidiendo con las elecciones municipales-. Además, porque considera que los supuestos perjuicios irreparables alegados por la actora no se han acreditado en modo alguno».
También indica que «existe un interés general que es el que ha llevado al Ayuntamiento a la promulgación del decreto, para satisfacer una demanda de gran parte de los ciudadanos. Por lo tanto, en la necesaria ponderación entre interés general interés particular, prevalece el primero».
Manadas de animales
En rueda de prensa, la edil Fanny Serrano relataba uno de los párrafos del auto que consideró «clarificador respecto a lo que los vecinos consideran perjuicios irreparables porque «los canes correrán libres por los caminos e incluso podrían acceder a las propiedades de los vecinos, así como el nutrido grupo de población que tiene temor a los perros», a lo que el juez responde que «además de no acreditarse de modo alguno, parece que lo que se ha habilitado es una zona para esparcimiento de manadas de animales salvajes en vez de una Playa Canina regulada mediante la normativa correspondiente». El juez aprovecha para recordar que el propio decreto establece una serie de normas para evitar que los perros creen molestias a los demás bañistas y remite a la Ordenanza Reguladora del Uso, Seguridad y Conservación de las Playas.
La ejecución ha sido llevada a cabo el concejal de Playas, Javier Manzanares (PSOE), del acuerdo que se ha adoptado en pro del beneficio general del municipio y el cual es de carácter provisional hasta que se produzca la definitiva con la máxima participación de los ciudadanos de Torrevieja.
En septiembre se retomará el curso del procedimiento judicial con la presentación, en su caso, de la demanda para entrar así en el curso de la tramitación principal de este tema.
Redacción