En tres autos, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha acordado citar a declarar a cinco policías que intervinieron en las escuelas Ágora de Nou Barris, Escoles Pies de Sant Antoni e Infant Jesús de Gràcia, entre ellas dos agentes que estaban al mando de los dispositivos.
Asimismo, ha requerido al Cuerpo Nacional de Policía para que identifique a un agente al que uno de los vídeos aportados en la causa muestra propinando una patada a un hombre que acababa de ser derribado al suelo «de forma absolutamente innecesaria», según el juez, en el centro Escoles Pies de Sant Antoni.
La investigación sobre la actuación de la Policía Nacional en estos tres centros se suma a otras cinco que están en marcha por las cargas contra los concentrados en las escuelas Mediterrània, Pau Claris, Els Horts, Ramon Llull y Fedac Horta-Santa Caterina de Siena, que han comportado la imputación de cinco agentes.
Por el contrario, el magistrado ha archivado una cincuentena de denuncias contra la intervención de la Policía para impedir la votación del 1-O en seis escuelas de la capital catalana, en algunos casos por la falta de material gráfico suficiente sobre las cargas o que permitan identificar a los agentes que actuaron.
En el caso de Escoles Pies, el juez relata en su auto que los agentes, «sin que se oiga aviso previo o ninguna advertencia, empiezan a agarrar» a las personas concentradas «y las lanzan al suelo o las empujan hacia afuera, sin miramiento alguno y utilizando ciertamente una violencia desproporcionada a la situación que allí se da».
En este centro, el magistrado menciona «agresiones claramente gratuitas», como la patada al costado que el policía aún no identificado propinó a un ciudadano en el suelo y el caso de otra persona al que un agente dio tres puñetazos, mientras otro lo cogía por el cuello para lanzarlo al suelo y patearlo después.
En la escuela Infant Jesús, el juez sostiene que la actuación policial «no estaba amparada por el auto» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba impedir la votación, «por lo que debe preguntarse cuál fue el motivo por el que se actuó, se empujó y zarandeó y golpeó a las personas que allí se encontraban».
Según describe el magistrado, en esta escuela la policía arrastró a la gente que estaba sentada en el suelo, «a veces con golpes y patadas», algunos son «empujados violentamente» y otros «tirados de las orejas», sin que se observe ninguna actuación violenta por parte de los concentrados, que se limitaban a «obstaculizar» el acceso de los agentes al colegio.
Respecto a la actuación policial en la escuela Ágora, el juez sostiene que, tras anunciar por megafonía a los concentrados que procederían a intervenir, los agentes golpearon con sus defensas «de forma indiscriminada» a las personas que allí se encontraban.
«Los golpes, como se observa en las imágenes, van de arriba a abajo, golpeando forzosamente en la zona superior del cuerpo a los ciudadanos concentrados», añade el juez, que precisa que algunos de los porrazos provocaron heridas que precisaron puntos de sutura.
Andrés García, abogado portavoz de la entidad de derechos humanos Iridia, que representa a varios de los heridos en el 1-O, ha celebrado la imputación de estos otros cinco policías, lo que a su parecer está «probando la desproporción de la actuación policial» contra el referéndum.
Según el letrado, el impulso de la causa obedece al «trabajo de la ciudadanía, que consiguió muchas de las pruebas» que han motivado las imputaciones, y también está resultando clave «la colaboración entre la sociedad civil e instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona y las personas afectadas».
El portavoz de Iridia ha pedido «medidas políticas concretas para luchar contra la violencia institucional» con motivo del primer aniversario del 1-O.
Redacción