La guardia civil ya lo apuntaba en sus anteriores informes, pero ahora el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decidido entrar con bisturí en el gran paquete de empresas, la mayoría del sector de la construcción, que pagaron a Convergencia Democrática de Catalunya a través de las fundaciones del partido a la par que recibían obra pública otorgada por administraciones dirigidas por la formación de Jordi Pujol.
Nuevas citaciones
De la Mata ha empezado por una empresa de las que hasta el momento han sonado poco o nada en el carrusel de compañías que presuntamente pasaron por la ventanilla convergente: se trata de la sociedad radicada en Madrid “Impulso Grupo Ortiz”, cuyos principales directivos han sido citado en calidad de investigados para que declaren este mes.
Pago y obra
El juez investiga a esta compañía por la construcción de un centro escolar en la barcelonesa población de Sabadell. Se trata del colegio “La Trama”, cuya adjudicación, la guardia civil considera algo más que sospechosa.
Según los datos que maneja el juez, paralelamente a la concesión de esta obra pública, el grupo Ortiz efectuó un pago en concepto de donación a la fundación Catdem, que según los informes de la Fiscalía Anticorrupción, es el principal embudo de dinero que en concepto de mordidas se utilizó para pagar a CDC.
La guardia civil que investiga el llamado caso 3%, tanto en la parte que ya ha sido asumida por el juez De la Mata como en las piezas que continúan tramitándose en el juzgado tarraconense de El Vendrell, encontró unas “sospechosas anotaciones” en el expediente de contratación de la escuela “La Trama”.
Estas anotaciones sugieren que la Generalitat primó al grupo Ortiz para que pudiera ser el destinatario de la obra.
Grupo reincidente
No es la primera vez que el grupo Ortiz aparece imputado en una causa de corrupción política y financiera. Por ejemplo, esta compañía aparece en el llamado caso Pretoria, un sumario instruido por la Audiencia Nacional sobre el desvío de partidas del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet para premiar a unos políticos y a unos constructores que disfrutaban sin filtro alguno de las concesiones de grandes promociones urbanísticas municipales.
En el marco de ese sumario, la guardia civil recogió ampliamente las relaciones de quien era el consejero delegado en Catalunya del Grupo 0rtiz, el ex conseller convergente, Joan María Pujals, y algunos de los principales acusados, ya condenados, en esa causa.
Carlos Quílez