El Congreso analizará la proposición no de Ley del grupo confederal de Unidos Podemos, que también pide investigar posibles relaciones entre la lista de amnistiados, tanto personas jurídicas como físicas, con casos de corrupción conocidos como Lezo, Púnica, Rato, Pujol, o en caso Nóos y el Gürtel.
En este sentido pide utilizar las vías administrativas y penales establecidas en el ordenamiento jurídico para sancionar, en caso de que se encuentren relaciones entre casos de corrupción y deudas tributarias amnistiadas.
También posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias y la identidad de sus autores por delito fiscal.
No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó claro en Julio la imposibilidad de modificar «un pasado ya sentenciado», y anunció la intención de aprobar un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude y la elusión fiscal, que prohibiría las amnistías y actualizaría la lista de paraísos fiscales.
Al respecto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados que su ministerio aprobará una modificación de la Ley General Tributaria para que en la lista pública de deudores que deben más de un millón de euros a Hacienda aparezcan también los responsables solidarios.
En aquel momento anunció que preparaba una nueva ley encaminada a perseguir a los grandes defraudadores, que actualizará la lista de paraísos fiscales e incluirá medidas que atajen las planificaciones fiscales abusivas de las grandes empresas y multinacionales para garantizar que tributen donde generan valor.
Actualmente un plan de lucha contra el fraude fiscal está sobre la mesa de negociación que mantiene el Ejecutivo con Unidos Podemos, de cara a un posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
El programa de Alternativa Presupuestaria del PSOE cuando todavía estaba en la oposición cifraba en 1.500 millones la posible recaudación proveniente de nuevas medidas de lucha contra el fraude, aunque Unidos Podemos sube esa cifra a unos 6.200 millones si se habilita a cerca de 8.500 técnicos de Hacienda para realizar funciones superiores de prevención.
En 2017 el exministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, fue reprobado en el Congreso por 197 votos a favor, 135 en contra y 5 abstenciones (procedentes del PNV) tras haber sido declarada nula por el Tribunal Constitucional la disposición adicional primera del Real Decreto que aprobó la amnistía.
Redacción