Los militantes más incondicionales del independentismo quizá no den crédito a esta información. Quizá tampoco lo hagan aquellos unionistas que precisan mantener a toda costa la imagen de que el Major de los mossos, Josep Lluis Trapero, es un recalcitrante independentista al servicios de Puigdemont y cia.
Pero lo cierto, les guste o disguste a unos y a otros, es que el sumario que ha instruido la hasta hace poco magistrada de la Audiencia Nacional y ahora flamante juez del Tribunal Supremo, Carmen Lamela, no arroja dudas: existen documentos que acreditan que el día 27 de octubre, horas antes de que Puigdemont anunciase la proclamación de la República (el ex presidente finalmente no la consumó oficialmente), el máximo responsable policial de los mossos, el Major, José Luis Trapero, comunicó por teléfono con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús Barrientos y a continuación con el malogrado Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia, José María Romero de Tejada.
Constancia en el sumario
Trapero fue claro y meridiano y así lo ha acreditado su defensa en el marco de la instrucción sumarial que se sigue contra él por sedición en la Audiencia Nacional: “Ante los acontecimientos que se avecinan y para disipar la dudas sobre el papel al respecto de los mossos que algunos tratan de alimentar, me pongo a su disposición para actuar bajo sus órdenes en todo los que tengan a bien ordenar al respecto”. Tanto Barrientos como Romero se dieron por informados pero se ignora si en aquel momento o después comunicaron el contenido de estas conversaciones a la autoridad judicial de la Audiencia que, tras admitir una querella contra el Major presentada por la fiscalía, estaba investigando a Trapero por sedición.
Documentos inequívocos
No sólo eso. Minutos después de estas comunicaciones y en un intento de que quedara de alguna forma constancia de la posición inequívoca de la jefatura policial de los Mosos al respecto y por consiguiente su lealtad incuestionable a los mandatos de jueces y fiscales, Trapero reiteró esta posición y este argumento por vía de diversos mails que han sido incorporados a la causa.
En ellos, el Major expone la dificultad técnica que para la policía tiene el acotamiento jurídico de las conductas aparentemente ilegales que de forma previsible se iban producir aquel día. Trapero expuso a jueces y fiscales que disponía de un plan policial de actuación ante las diversas hipótesis que se desarrollasen en función del devenir de los acontecimientos (incluido el dispositivo de protección del Parlament ante la previsible congregación ciudadana), pero que, dado lo excepcional del momento se ponían a disposición de los jueces y los fiscales para que éstos ordenasen las detenciones que se estimaran preceptivas por los delitos que la autoridad judicial considerase indiciariamente cometidos.
Jueces y fiscales oyeron y callaron
Ni jueces ni fiscales dictaron orden o consigna alguna, si bien es cierto que Puigdemont, a pesar de la expectativa creada, no verbalizó una proclamación tacita, nítida y efectiva de la República para desilusión de las más de 15.000 personas congregadas en el parque de la ciudadela, frente al Parlament aquella noche.
En todo caso, contrasta este argumento del Major de los Mossos, con el contenido y las aseveraciones de la Guardia Civil en sus recientes informes que no sólo sitúan a Trapero como un protagonista “inactivo ante los acontecimientos subversivos” que se estaban produciendo, sino que le sitúan como pieza activa al servicio del procés y de la estrategia secesionista del Puigdemont.
Carlos Quílez