La defensa del considerado número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, se ha querellado hoy por prevaricación contra Baltasar Garzón por la grabación publicada en moncloa.com en la que el excomisario José Villarejo afirma que se reunió con el exjuez para hablar de Gürtel un día antes de admitir la causa a trámite. La querella ha sido presentada esta mañana por el abogado de Crespo, Miguel Durán, en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid y en ella el letrado pide que, en caso de que se admita a trámite, el juez al que le toque por reparto tome declaración a Villarejo, para quien además solicita especial protección en la cárcel de Estremera (Madrid), donde está ingresado.
Se refiere a la información que publicó moncloa.com según la cual en una comida celebrada en octubre 2009 Villarejo, investigado en la Audiencia Nacional por usar información policial para trabajos privados, afirmó que un día antes de que Garzón admitiera a trámite la causa se reunió con el entonces juez de la Audiencia Nacional y con otros policías para «preparar la Gürtel». En la querella, el abogado de Crespo, condenado a 37 años y medio de cárcel por la primera época de Gürtel y a otros 13 años y 3 meses por la rama valenciana de la trama, recuerda que en el caso Gürtel varias de las defensas ya alegaron que Garzón había conocido de la causa de forma irregular.
Fue el 6 de agosto de 2008, cuando el juez se quedó con este caso tras la denuncia presentada por la Fiscalía dos días antes, al entender que tenía conexión con otra causa que ya investigaba Garzón, la del BBVA-Privanza, ya que en ella figuraba como investigado el abogado Luis de Miguel, considerado el arquitecto financiero de la Gürtel. Sin embargo, para la defensa de Crespo esta alusión al caso BBVA-Privanza «era un mero fraude de ley para aparentar, o al menos fundamentar, la irrogación para sí del caso Gürtel», en el que tenía interés por «un propósito político muy concreto».
«Dicho de otro modo, estaba muy claro para el querellado y sus posibles colaboradores que, si no se garantizaba la competencia sobre el caso, no tendría dominio procesal y político del mismo, y las cosas podrían no salir conforme al plan que se había ideado», afirma Durán. Una «añagaza», insiste el abogado, en la que Garzón, que fue inhabilitado 11 años por permitir escuchas ilegales en Gürtel, «daba cima al envoltorio de absoluta parcialidad» con el que, afirma, dirigió la instrucción de Gürtel.
Así, indica que la querella se interpone por el «absoluto desprecio hacia el ordenamiento jurídico español» de Garzón y por «utilizar el proceso para fines distintos al ejercicio de la función judicial». En cuanto a la conversación publicada, recuerda la querella que en la grabación Villarejo relata al comisario Gabriel Fuentes que se habría reunido, un día antes de la admisión a trámite, con Garzón, con Juan Antonio González, entonces comisario general de Información, y con José Luis Olivera Serrano, entonces jefe de la UDEF. «Lo anterior pone de manifiesto que el querellado se habría irrogado para sí una causa diseñada y preparada extraprocesalmente para que él mismo instruyera», afirma la querella, que tacha esta actuación como una «confabulación» para «teledirigir» la causa.
Esta «conducta conspiradora» de Garzón «revelaría un interés directo en la operación Gürtel», lo que según la querella supondría una causa de abstención, ya que «confabuló extraprocesalmente en la ideación, preparación y ejecución de la operación Gürtel». Insiste así en que incurrió en un delito de prevaricación al incumplir las normas de reparto de la Audiencia Nacional para «lograr la finalidad de la operación Gürtel».
En la querella, Miguel Durán pide la declaración como testigos de Villarejo, del comisario con el que se le escucha presuntamente hablar en la grabación, Gabriel Fuentes, y con los dos altos mandos policiales con los que supuestamente se reunió antes de admitir la querella de la Gürtel. Respecto de Villarejo, pide además que se adopten las medidas necesarias en la prisión de Estremera para proteger su integridad física, dada su «especial situación de vulnerabilidad». Ello por «la extraordinaria gravedad de los hechos que son denunciados (por afectar a la propia estructura y funcionamiento de las instituciones del Estado), como por el hecho notorio de que éste posee información relevante de personas de interés público».
Redacción