Los peritos de la IGAE y los propuestos por varios acusados del caso ERE han coincidido en que el interventor general de la Junta -uno de los 22 ex altos cargos procesados- sabía «de manera cierta» desde el 2003 las irregularidades del sistema usado para dar las ayudas y debió pararlo.
Por sexta semana ha continuado hoy la prueba pericial en el juicio de la pieza política del caso ERE, en la que declaran de manera conjunta tres peritos de la Intervención del Estado (IGAE) -cuyo informe es una prueba clave para las acusaciones- y seis expertos propuestos por las defensas de los exconsejeros José Antonio Griñán (luego presidente de la Junta), Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández.
Aunque normalmente los peritos de la IGAE y los propuestos por las defensas discrepan, esta mañana han coincidido en que el exinterventor general Manuel Gómez -sentado en el banquillo de los acusados- «no cabe duda» de que al menos desde el 2003 conocía «de manera cierta» el llamado «procedimiento específico» con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
Ese sistema consistía en que las ayudas eran concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y pagadas por la agencia pública IDEA (antes IFA) con fondos que la Consejería le remitía mediante transferencias de financiación.
Un sistema que, para los peritos de las defensas, quedaba «claro» y «diáfano» en la documentación de los Presupuestos y las cuentas generales de la Junta que aprobaba el Parlamento, mientras que para la IGAE «en ningún caso se señaló, y mucho menos se explicó» el «perverso sistema que se utilizó y que nos ha traído a esta sala» por el cual la Consejería de Empleo concedía las ayudas e IFA/IDEA las pagaba.
La Intervención de la Junta alertó reiteradamente de que era «inadecuado» usar transferencias de financiación a IFA/IDEA para pagar ayudas dadas por Empleo, y en el 2003 ante esa irregularidad detectada en el control financiero permanente del ente público, el interventor general pidió a Empleo una veintena de expedientes de concesión de ayudas para analizarlos.
Concluyó que las ayudas no estaban siendo fiscalizadas previamente y que se estaban dando «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
Para el profesor Juan Zornoza, propuesto por la defensa de Griñán, con esas conclusiones, el interventor general «no hubiera podido, hubiera debido, porque es su deber jurídico, ponerlo en conocimiento del interventor delegado de la Consejería de Empleo, que hubiera debido, no podido, paralizar el expediente de transferencias de financiación» a IDEA para pagar las ayudas.
Sin embargo, para el perito de la IGAE Ángel Turrión es cierto que el interventor conoció en el 2003 las irregularidades del sistema pero el expediente de transferencias de financiación no se podía reparar porque cumplía los requisitos, lo que se le hurtó fue fiscalizar el expediente de concesión de las ayudas, donde hubieran saltado las alarmas al interventor delegado de Empleo para paralizar las ayudas.
La tesis de las acusaciones es que precisamente se implantó el «procedimiento específico» de pagar las ayudas a través de IDEA para evitar esa fiscalización previa de la concesión de las mismas por parte de la Intervención delegado de la Consejería de Empleo.
La defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha interrogado a los peritos sobre la validez de las conclusiones de un informe adicional que contenía en su versión definitiva (conocida en el 2005 aunque relativo al ejercicio 2003) cuestiones no expuestas en su versión provisional y por tanto sin posibilidad de que la Consejería de Empleo hiciera alegaciones como sí hizo al provisional.
El perito de la IGAE ha restado importancia a las «adiciones» del definitivo, pero para el profesor José Ignacio López -propuesto por la defensa de Fernández-, los cambios no fueron «baladí» y supone un «vicio de invalidez» por cuanto se hurtó a la Consejería de Empleo la posibilidad de alegar y por tanto se provocó «indefensión» vulnerando «el derecho a la presunción de inocencia» cuando ese informe en esta causa pretende ser una «prueba determinante».
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Redacción