Marchena, en un comunicado, ha reivindicado su independencia y ha subrayado que jamás ha concebido «el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal».
El PSOE y la mayoría de las asociaciones de jueces creen que la renuncia ha sido provocada por el mensaje de wasap del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, desvelado ayer por el diario El Español, en el que defendía la elección de Marchena para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo porque se podría controlar «por detrás» la sala segunda del alto tribunal y están en juego «centenares de nombramientos».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a Cosidó de debilitar al CGPJ y dañar el crédito general de la justicia y le ha pedido que renuncie a su cargo, pero el PP ha responsabilizado al Ejecutivo, acusándolo de haber «filtrado» detalles de la negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces desgastando a la justicia.
Con ese argumento ha anunciado la ruptura del acuerdo con los socialistas -«por la dignidad» del grupo parlamentario, por «respeto» a los jueces y por el «fortalecimiento de las instituciones», ha dicho su líder, Pablo Casado-, aunque la tramitación parlamentaria del pacto está en marcha y el jueves se debe votar en el pleno del Congreso a los cuatro vocales juristas que debe elegir la Cámara Baja.
Fuentes del PP recuerdan que las negociaciones con los socialistas habían comenzado antes de que Casado asumiera la dirección del partido y señalan que si no rompió antes el acuerdo fue por respeto a Marchena.
Los ánimos entre los populares, apuntan, estaban muy caldeados ante los cambios de última hora del PSOE y algunos de sus candidatos, como el juez José Ricardo de Prada, magistrado que formó parte del tribunal del caso Gürtel y motivó la declaración como testigo en el juicio del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Como explicó Cosidó a sus compañeros en el chat interno de senadores del PP, el «pacto previo» suponía no vetar nombres y en cualquier caso sacar a De Prada de la Audiencia Nacional era bueno. «Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP».
El PP sostiene además que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, negociadora del acuerdo junto a su antecesor en el cargo, Rafael Catalá, ya no es interlocutora válida. De hecho, mañana intentará que el pleno del Congreso la repruebe.
Ella, por su parte, ha atribuido la ruptura del pacto por parte del PP a una «cortina de humo» ante ese wasap «absolutamente inaceptable» y ha insistido en que la «vocación» del Ejecutivo es renovar en plazo el CGPJ, cuyo mandato expira el 4 de diciembre, porque es «bueno para las instituciones».
Para lograrlo, es indispensable el acuerdo entre populares y socialistas, ya que la Constitución establece que los vocales deben ser elegidos -diez en el Congreso y diez en el Senado- por una mayoría de tres quintos.
La Ley Orgánica del Poder Judicial fija además que serán los vocales quienes elijan al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, por la que la filtración del nombre de Marchena soliviantó a los jueces, que ayer protagonizaron su segunda huelga del año y reclamaron la despolitización de la justicia y hoy han elogiado la renuncia del magistrado reivindicando su independencia.
Todas las asociaciones de jueces exigen cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, para que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan a los doce miembros de extracción judicial, y el PP se ha sumado hoy a esa idea.
Para lograrlo, ha registrado una enmienda a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramitaba en el Senado.
El proyecto tenía como objetivo inicial que los miembros del poder judicial recuperaran permisos y licencias recortados en la crisis, pero se modificó en el Congreso para cambiar el funcionamiento interno del CGPJ y hacerlo menos «presidencialista».
Ciudadanos pidió entonces, sin éxito y en solitario, que se reformara también el sistema de elección de los jueces, paso que han dado finalmente hoy los populares.
Sánchez se ha mostrado abierto a hablar, aunque ha defendido que sea el Parlamento, representante de la soberanía nacional, y no las asociaciones de jueces quienes elijan a los vocales y ha recordado además que hoy por hoy, la ley exige el acuerdo parlamentario para renovar a los veinte vocales.
Mientras no lo haya, seguirá al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo Carlos Lesmes, cuestionado tras la gestión que realizó el alto tribunal del caso del impuesto de las hipotecas.
Marchena, por su parte, se mantiene con su renuncia al frente de la Sala Segunda del Supremo y del tribunal que juzgará a los 18 acusados por el «procés», pero la crisis alimenta las acusaciones de falta de independencia de ese organismo.
Varios de los dirigentes del procés (Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, además de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart), todos ellos en prisión preventiva, han pedido hoy recusar al juez Manuel Marchena tras el «escándalo mayúsculo» que a su juicio supone el acuerdo político para repartirse el CGPJ y los mensajes de Cosidó.
Redacción