«Está en situación de preso preventivo. No existe ninguna campaña orquestada ni ninguna organización ni instrucción al efecto sobre Villarejo o sobre ningún otro preso», deja claro Ortiz en una entrevista con Efe en la que rechaza las acusaciones del interno.
Villarejo solicitó el 19 de diciembre a la Audiencia Nacional que se adoptasen las medidas necesarias para proteger «su integridad física y moral» dentro de prisión ya que estaba sufriendo trato degradante y «tortura psicológica» por parte de funcionarios.
En su escrito al juez, el excomisario asegura que analiza los medicamentos que le suministran ante la sospecha que puedan intentar acabar con su vida y cita el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de su país en Estambul (Turquía).
También recuerda a la Audiencia Nacional que tiene intervenidas las comunicaciones, una decisión que el secretario general de Prisiones asegura que se mantiene desde mediados de octubre por parte de la dirección del centro y que se desarrolla «con control judicial».
Con la misma situación jurídica, como preso preventivo, se encuentra el expresidente de la Generalitat valenciana y exministro Eduardo Zaplana, que reclama su puesta en libertad por razones humanitarias al padecer leucemia y haber sufrido un deterioro de su salud en la cárcel de Picassent.
Tras siete meses en prisión preventiva, Zaplana fue trasladado el 18 de diciembre al Hospital La Fe de Valencia, donde permanece ingresado.
Ángel Luis Ortiz recuerda a Efe que su situación está «supeditada» a las decisiones que adopte la jueza de instrucción del caso y que, en cualquier caso, la sanidad dentro de una prisión se centra básicamente en atención primaria.
«Todo lo que sean especialidades se aplican fuera de la prisión, por ese motivo está en una unidad hospitalaria donde tiene custodia y donde, por supuesto, recibe todos los cuidados que requiere», ha explicado Ortiz.
En cualquier caso, defiende que «no hay ningún trato de excepción, ni a favor ni en contra, sobre ningún recluso», como no lo hay con el cuñado del rey Iñaki Urdangarin, encarcelado en la prisión de Brieva (Ávila) desde el 18 de junio para cumplir la condena impuesta de cinco años y diez meses de cárcel por el caso Nóos.
Ortiz ha asegurado que Urdangarin no ha solicitado ningún cambio de prisión, que está sometido al régimen ordinario y de visitas que marca la ley para todos los penados y que cuando cumpla una cuarta parte de su pena podrá, como el resto de presos, solicitar su primer permiso de salida, algo que podría estudiarse a finales de año.
Respecto a los presos preventivos del «procés» catalán, el secretario general de Prisiones ha dejado claro que tampoco recibirán trato de favor cuando sean trasladados a cárceles dependientes de la Administración central para comparecer en el juicio que tendrá lugar próximamente en el Tribunal Supremo.
Redacción