Este dato es importante para la investigación porque podría dar veracidad a la declaración del empresario que efectuó el pozo, Antonio Sánchez, quien aseguró que selló el orificio y que su actuación fue modificada posteriormente, según han indicado a Efe fuentes cercanas al caso.
Los agentes ya han interrogado al dueño de la finca, aunque no ha trascendido su declaración, e intentan aclarar si la zanja que hay en el terreno es anterior o posterior a la prospección ya que el pozo está dentro de dicha zanja.
Otro punto importante para los agentes es determinar si los movimientos del terreno para hacer la zanja pudieron mover la piedra con la que supuestamente el pocero cerró el agujero.
Pese a ello, aunque el pocero hubiera cerrado el sondeo con una piedra ello no le exime en que su forma de proceder no fue correcta ya que la prospección debería haber sido sellada completamente.
Con toda la información que los agentes están recabando sobre la titularidad, el tipo de terreno, si era urbanizable y los trabajos de prospección, entre otros, se están haciendo informes para que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Totalán (Málaga) comprueben si se ha cometido alguna falta administrativa.
Tanto para acometer el pozo como para ciertos movimientos de tierra es necesario contar con permisos aunque la Junta de Andalucía ya informó de que no había tramitado ninguna autorización para excavar el pozo de más de cien metros y en ningún departamento del Gobierno autonómico consta que se solicitasen dichos permisos.
Las fuentes consultadas han destacado que de haber alguna irregularidad se estaría hablando de «falta administrativa» no de delito, ya que el tema penal lo lleva el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga y son temas separados e independientes.
Pese a ello, de todos los informes que está realizando el Seprona se hará una copia para remitirlos al Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga por ser el instructor de la investigación abierta por la desaparición de Julen.
Redacción