Se trata de Joan Pinyol i Ribas, exgerente de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y actual director de Medio Ambiente de la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB); y Leonard Caracolé, exdirector de ACA, han informado fuentes jurídicas.
Para pedir su comparecencia, el fiscal del caso ha aportado la declaración que les ha tomado a ambos después de que el juez rechazara citarles en septiembre dentro de una tanda de testigos de los supuestos «contactos» de Gordó «al margen de los cauces legales y de la función que le correspondía dentro del Gobierno catalán».
En su comparecencia en la Fiscalía, Pinyol habló del interés de Gordó por adjudicar el concurso de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Agbar (Aguas de Barcelona) y de las peticiones del abogado Miquel Roca, miembro de su consejo de administración, si bien finalmente Acciona fue la adjudicataria.
Según su versión, Gordó dijo en una reunión: «Que nadie se equivoque, este concurso tiene que ser para Agbar».
Pau Villoria (secretario general de Territorio), le replicó que para eso tendría que presentar la mejor oferta y Gordó añadió: «Bueno, bueno, que nadie se equivoque».
Pinyol fue designado responsable técnico del contrato, lo que incluía dar información a las empresas licitadoras.
Al ser preguntado si percibió algún tipo de presión, refirió que el abogado Miquel Roca, entonces secretario del Consejo de Administración de Agbar, pidió una reunión para exponer propuestas de mejora del pliego.
Roca quería que se modificaran la cláusula de indemnización por rescate anticipado y el sistema de penalizaciones, y un tercer artículo que no recordaba.
Le explicaron que las cláusulas no se podían modificar porque la transferencia de riesgo era la piedra angular de toda la adjudicación, por su incidencia en el déficit.
Ante estos impedimentos, Roca le hizo saber que la oferta de su empresa «le iba a decir cosas».
Otras empresas, según relató, pidieron modificar cláusulas, como Acciona, que solicitó «por escrito» suprimir la de penalizaciones y se le negó.
La Fiscalía le preguntó sobre la intervención en esa adjudicación de otro miembro de la mesa de contratación, Josep Antoni Rosell, y de él Pinyol comentó que en una reunión llevó una puntuación de la parte técnica en la que la mejor era la de Agbar.
Por su parte, el que fuera director de ACA entre 2011 y 2013 declaró al fiscal que tenía relación con Gordó porque este, por su cargo de secretario general del Gobierno, actuaba en todos los proyectos que afectaban a más de una consejería.
Aclaró que Gordó no tenía intervención en los concursos, «lo que no quita que, en alguna ocasión, se interesara por algún aspecto», como una vez por un concurso de una explotación de depuración en el que había presentado oferta Electromecánica Soler.
Él, según explicó, no era miembro de la mesa de contratación ni firmaba contratos porque hasta febrero de 2011 fue ejecutivo de Agbar, que se solía presentar a la mayoría de ofertas de ACA.
Cuando se interesó por Electromecánicas Soler preguntó al presidente de la mesa si el contrato estaba adjudicado, «sin que tengas que interpretar para bien o para mal mi pregunta», le dijo.
Éste le contestó que había sido excluida porque no había acreditado disponer de la calificación de contratista del Estado.
Se lo comunicó a Gordó, que le preguntó si tenía arreglo, y, al decirle que no sabía, tuvo una reacción «poco amigable o un poco hostil» y «mostró su descontento gestualmente».
Redacción