Toda una «casualidad», como lo ha calificado Rull en el juicio del «procés», que celebra el Tribunal Supremo y en el que se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación.
Rull, como el resto de consellers del Govern de Carles Puigdemont, ha alegado que la convocatoria del referéndum del 1-O no era delito, porque éste fue derogado hace años con la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa.
Y ha recordado que precisamente ayer, mientras el Supremo juzgaba «actos concretos» vinculados al 1-O, el Congreso tumbaba una proposición de ley del PP para que se castigue con pena de cárcel de entre tres y cinco años a los cargos o funcionarios que promuevan consultas ilegales.
«El PP dice, ‘Como ahora no es un delito, pedimos que vuelva a ser un delito'», ha señalado Rull en referencia a la iniciativa, que solo encontró el respaldo de Ciudadanos y Foro Asturias.
El Partido Popular motivó su proposición en que «los acontecimientos recientes de la historia de España» como la participación en «consultas ilegales» revisten «de suficiente entidad como para merecer un reproche penal, sin que las formas diferentes de control de la legalidad hayan sido suficientes para reprimir y disuadir de las conductas que los mismos penaban».
En respuesta al Ministerio Fiscal, Rull ha insistido que «cumplir el mandato democrático de la ciudadanía y articular mecanismos para que se pudiesen expresar libremente no era ningún problema».
Y como hiciese ayer su compañero de partido Jordi Turull, con el que comparte abogado, ha asegurado: «Nuestra voluntad política ahora y siempre es pactar un referéndum con el Estado».
Redacción