Como máximo responsable de Interior en aquel momento, su testifical en el juicio del «procés» era una de las más esperadas por algunas defensas, sobre todo la del exconseller del ramo Joaquim Forn, acusado de rebelión y sobre el que pesa la responsabilidad de la actuación de los Mossos en episodios clave como el 20-S o el 1-O.
Pero, pese a su cargo, Zoido ha asegurado que ni él dio la orden a la Policía y la Guardia Civil de intervenir el 1-O, ni tampoco la de poner fin a las cargas. Esa decisión la tomaron los «operativos», y él no la examinó porque no acostumbra a «valorar los dispositivos».
«Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer». De esta forma ha trazado el exministro una línea entre sus funciones y lo que era competencia de los operativos policiales, como hiciesen también ayer el expresidente Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría.
Lo que no le ha eximido de defender la «actuación destacada» de las fuerzas de seguridad el 1-O, donde a su juicio se desplegó una fuerza «proporcionada y racional» en unas condiciones «muy adversas» que les obligaron, incluso, «a replegarse, al ver que era imposible acceder a los colegios».
Todo ello en una jornada en la que resultó «imposible» cumplir la orden judicial de impedir el referéndum ante los «auténticos escudos humanos» y la «resistencia activa y organizada» y en ocasiones violenta que oponían los votantes.
Y aunque se vieron imágenes que no le resultan «agradables», el actual diputado del PP ha reconocido que a veces «para restablecer el orden legal y constitucional no hay más remedio que emplear de manera razonable la fuerza».
No hubiese pasado lo mismo, ha recalcado, si los Mossos hubiesen cumplido con el compromiso adquirido en reuniones anteriores al 1-O, lo que motivó que su dispositivo fuese «totalmente insuficiente», hasta el punto de que incluso en algunos sitios no se vio presencia de los antidisturbios de este Cuerpo.
Aunque ha reconocido que surgieron «problemas» con los Mossos en los días previos al 1-O, un asunto que sin embargo «llevaban los operativos» y «a posteriori» fue informado de que algunos agentes llegaron a simular que cumplían con la orden judicial.
Zoido también ha condenado las «actuaciones violentas» que se produjeron contra los agentes aquel día, pero ha admitido a su vez que nunca aprobó las expresiones de alzamiento que se dirigieron hacia los agentes destinados a Cataluña al grito de «a por ellos».
En total, ha explicado, fueron 6.000 los policías nacionales y guardias civiles que Interior ordenó enviar a Cataluña, «en auxilio» a los Mossos y a raíz del 20 de septiembre de 2017, donde hubo «aglomeraciones y manifestaciones» por los registros practicados.
Y ha señalado: «No debe culparse a la Policía y a la Guardia Civil, sino que deben asumir la responsabilidad todos aquellos que asumieron, promovieron, incitaron y alentaron la celebración del referéndum».
Zoido ha dicho ignorar que el comisario a quien él ubicó en la dirección de los Mossos tras la aplicación del artículo 155 era la misma persona que asistía a las reuniones de seguridad previas al 1-O por orden del mayor Josep Lluis Trapero, quien presentó algunas «reticencias» dado su carácter poco colaborador y su renuencia a «estar coordinado» por el coronel Diego Pérez de los Cobos.
Horas antes que Zoido, ha sido el lehendakari, Íñigo Urkullu, quien ha testificado ante el tribunal, a quien ha relatado el papel de «intermediación» entre el Gobierno y el Govern que desempeñó para impedir la declaración unilateral de independencia (DUI) y la activación del 155, a petición de muchas personas, con un relato cercano al expuesto ante la Sala por el exconseller Santi Vila, acusado de desobediencia y malversación.
Después de que ayer Rajoy negara cualquier «mediación de nada» en el «procés», Urkullu ha revelado que en sus conversaciones con Carles Puigdemont constató que este no quería «en modo alguno» seguir adelante con la DUI y que el entonces presidente del Gobierno «no era muy dado a la aplicación del artículo 155, realmente».
Sus gestiones, desempeñadas ya desde junio de 2017, pero más intensamente los días posteriores al 1-O, propiciaron un «acuerdo» para que se convocaran elecciones en Cataluña y se renunciara a la DUI, pese a que Rajoy nunca fue «taxativo» al garantizar que no se aplicaría el 155 si había comicios.
Pero fue hacia el mediodía del 26 de octubre, según ha explicado Urkullu, cuando Puigdemont le comunicó que, «lamentándolo», no podía convocar elecciones porque «las personas que estaban manifestándose en la plaza Sant Jaume se les estaban rebelando y también tenía presión en su grupo».
Sobre el 1-O también se ha manifestado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que afirmado que «las cargas policiales brutales alteraron completamente la jornada», pero que no cree que fueron espontáneas, sino que respondieron a una «instrucción política», por lo que «la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad».
Porque, como ha dicho, el referéndum «no fue de ninguna institución ni partido», motivo por el cual ha lamentado que se juzgue a líderes políticos por esa consulta: «Si estamos aquí por el 1-O, deberíamos estar millones de personas».
Redacción