Estos son algunos apuntes de lo que ha deparado la tercera semana de la vista oral:
– NI UNO QUERÍA EL 155 NI EL OTRO LA DUI
Ambos fueron aprobados el mismo día, el 27 de octubre de 2017, por primera vez en España. Pero según dijo el lehendakari, Iñigo Urkullu, ni el expresident Puigemont quería seguir adelante con la declaración unilateral de independencia, ni el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy quería aplicar el 155.
Esto último fue más bien una «intuición» que él mismo transmitió a Puigdemont. Aunque no le pudo ofrecer «garantías» porque nunca hubo una respuesta «taxativa» de Rajoy, el lehendakari intuía que «no era muy dado» al 155 y que quizá, una vez convocadas elecciones en Cataluña, la disposición de PP y de PSOE «era que no se aplicara definitivamente».
Sí estaba seguro de que Puigdemont no quería «en modo alguno» seguir adelante con la DUI y todavía se recuerda ese 26 de octubre en el que estuvo a punto de convocar elecciones. Pero ese mismo día el presidente de la Generalitat le dijo que las bases independentistas «se le estaban rebelando» y su propio grupo le presionaba «y que no podía proceder al acuerdo de convocar elecciones».
Y así fue como el expresident, ahora fugado en Bélgica, se decantó por la DUI. Lo demás es conocido.
– URKULLU, EL «ENLACE»
Cuando el exconseller Santi Vila, acusado en el juicio, contó la semana pasada los intentos de negociación entre Gobierno y Govern, a muchos se les vino a la cabeza el nombre de Iñigo Urkullu.
En menos de una hora, el lehendakari reveló al tribunal punto por punto, día por día, sus labores de acercamiento entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy, demandadas por muchas voces de diferentes partidos -incluido el mismo expresident y el exministro Rafael Catalá-, principalmente tras el 1-O.
Todo ante una situación de «bloqueo absoluto» en la que «todo se estaba yendo de las manos», como él mismo le dijo al presidente del Gobierno. Por eso decidió actuar desde el «diálogo y la búsqueda de acuerdos», donde encontró a un Puigdemont muy receptivo y a un Rajoy con una «actitud de escucha y respuesta» pero sin una disposición «proactiva de intentar encauzar la situación».
Pero aunque llegó a pensar que la convocatoria de elecciones era inminente, Puigdemont acabó cediendo a las presiones y se decantó por la DUI. Como también dijo Santi Vila.
Urkullu estuvo a punto de lograrlo.
– EL GOBIERNO SE DESVINCULA DE LAS CARGAS EL 1-O
Comenzó la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría alabando la «prudencia» de las Fuerzas de Seguridad el 1-O y desmarcándose de la Operación Copérnico, a la que se destinaron unos 6.000 guardias civiles y policías nacionales.
Le siguió Mariano Rajoy, que, como su segunda, dijo que «jamás» tomó ninguna decisión sobre operativos policiales (ni siquiera, dijo, cuando fue ministro del Interior).
Y entonces llegó el turno del máximo responsable de Interior, el exministro Juan Ignacio Zoido. Pero según manifestó, él tampoco dio ninguna orden. La secretaría de Estado valoró la situación aquellos días y fueron «los operativos» quienes decidieron de intervenir el 1-O.
Su coordinador, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y el entonces número dos de Zoido tendrán la oportunidad de corroborarlo la próxima semana.
– LOS TESTIGOS POLÍTICOS
Los fiscales ya habían comprobado lo difícil que es interrogar a un acusado si este es político y es capaz de desplegar sus habilidades para esquivar preguntas o responder no exactamente a lo que se le pregunta.
Esta semana les ha tocado a los abogados de las defensas tratar de poner en aprietos y buscar grietas en el relato de Rajoy, Saénz de Santamaría y Zoido, todos ellos obligados a contestar y a decir la verdad por ser testigos.
Y lo han hecho con resultados desiguales: con poco éxito cuando han entrado en arena política y con mejores réditos cuando se centraron en los detalles del dispositivo, con mención destacada al abogado Xavier Melero, letrado del exconseller de Interior Xavier Forn.
– LA VIOLENCIA
El meollo del juicio. Asunto central en los interrogatorios de los testigos, con dos relatos contrapuestos: el de los responsables del Ejecutivo central durante el 1-O (que avalan la tesis de la Fiscalía) y el de la alcaldesa de Barcelona o los políticos que se movilizaron el 20-S (que atribuyen a la Policía la única violencia del «procés»).
Tanto Rajoy como Zoido subrayaron que hubo violencia y acoso en aquellos días de septiembre y octubre. Más aún si cabe la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuyo relato es muy similar al de la Fiscalía.
Pero tanto las suyas como las de Ada Colau, Joan Tardá, Albano Dante-Fachin, Gabriel Rufián o Xavier Domènech fueron declaraciones políticas. Será a partir de la semana que viene cuando lleguen las testificales y periciales que podrán servir para esclarecer si hubo o no violencia.
– VOX SIGUE EN LA SOMBRA
Era muy esperada -al menos desde el punto de vista mediático- su entrada en acción en el juicio en el turno de testigos después de que los doce acusados se negaran a responder a sus preguntas. Y fueron los primeros en preguntar a Rajoy a Sáenz de Santamaría y a otros tantos testigos.
Pero sus interrogatorios habrían pasado inadvertidos de no ser por la negativa de Antonio Baños y Eulàlia Reguant, ambos de la CUP, a responder a un partido «de extrema derecha», «machista y xenófobo», lo que costó a ambos testigos una multa de 2.500 euros y la apertura de un procedimiento penal por desobediencia (además de deparar una de las anécdotas del juicio cuando el juez Marchena intentó hacer de «mediador» para trasladar las preguntas).
A Xavier Domènech se le citó a petición de Vox pensando que participó en la manifestación del 20-S cuando ese día estaba en el Congreso y a Adrià Comella se le citó, también a propuesta de la misma acusación, como exdiputado de ERC, cuando -según el mismo aclaró- no solo no lo ha sido, sino que ni siquiera ha ido en las listas.
Miriam Mejías