Los tres han comunicado al tribunal su voluntad de no declarar y ni siquiera han sido llamados a la Sala. Han tomado la misma decisión que el que fuera responsable de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons, o el responsable de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj.
Jové era número 2 de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía durante el otoño de 2017 y fue a quien la Guardia Civil localizó una agenda «Moleskine» y el documento «Enfocats», claves por sus anotaciones sobre la hoja de ruta del «procés».
De hecho, las preguntas sobre esos documentos fueron recurrentes durante los interrogatorios a los acusados, quienes se desentendieron de los mismos.
Tampoco ha querido declarar el juez y exsenador Santi Vidal, cuyas conferencias afirmando que el Govern tenía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes dieron pie a la apertura del proceso judicial del juzgado número 13 de Barcelona.
Vidal fue uno de los redactores de la Constitución catalana y por ello fue suspendido por el CGPJ, que al cumplir la sanción se negó a readmitirlo por una cuestión de «aptitud». El Constitucional anuló el precepto legal que permitió dicha decisión y ahora el Supremo acaba de dar vía libre a su reingreso en la carrera.
Por su parte, Carles Viver i Pi Sunyer es considerado arquitecto jurídico del «procés». Presidía el Instituto de Estudios del Autogobierno y en época de Artur Mas estuvo al frente del Consejo Nacional para la Transición Nacional. Anteriormente fue vicepresidente del Tribunal Constitucional.
Según los investigadores del caso, ambos juristas estuvieron vinculados con las leyes de desconexión.
Redacción