Según han confirmado fuentes de este grupo a raíz de una información adelantada por la Cadena SER, lo que quieren es que sea la justicia la que tome cartas en el asunto ante la falta de explicaciones de la dirección.
No se conforman, han dicho, con que la Comisión de Garantías y Valores haya dado por concluida la investigación sin apreciar irregularidades porque no han aclarado de dónde salieron los votos anulados que quitaron finalmente la victoria a la candidata de la dirección, la expopular Silvia Clemente, para dársela a Francisco Igea.
Dan a Ciudadanos un plazo de una semana para que detalle dónde se produjeron esas anomalías y desde qué dirección IP (número de identificación desde la que un equipo se conecta a Internet) se emitieron esos 82 votos.
Si el lunes próximo no reciben una respuesta satisfactoria, lo pondrán en manos de la Audiencia Nacional a través de una denuncia relacionada con la Ley de Protección de Datos, «para que sean los jueces los que puedan acceder a los ordenadores. Y entonces «no habrá vuelta atrás».
Estas personas que están dispuestas a llegar hasta el fondo de lo ocurrido porque creen que «hay indicios de fraude» han empezado a organizarse después de que en el acta de la Comisión de Garantías y Valores que cerraba la investigación sobre las primarias advirtiera a los candidatos que pidieron la revisión de las votaciones que podían ser sancionados por haber podido dañar al partido.
«Eso nos ha indignado mucho», han señalado estas fuentes en representación del centenar de cargos y militantes de Cs que están estudiando esta iniciativa y que proceden de todas las provincias donde se han celebrado primarias que están estudiando una posible querella.
Redacción