En un comunicado remitido esta noche, Rodríguez añade que no encabezará la candidatura socialista al Ayuntamiento del citado municipio en las elecciones del próximo 26 de mayo, si bien no concreta si lo hará bajo otras siglas.
El expresidente de la Diputación asegura haber tomado esta decisión tras una reunión de última hora con el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Jose Muñoz, para analizar el levantamiento del secreto del sumario del caso Alquería, con el objetivo de quitar «presión» al partido en medio de unas elecciones «clave para el futuro del país».
Tras reafirmarse en su inocencia, recuerda que es alcalde tras haber conseguido, en 2015, el 63 % de los votos y 14 de los 21 concejales del Ayuntamiento.
Sobre su futuro político, Rodríguez señala que «siempre» hará aquello que más beneficie al municipio de Ontinyent, que es «al único» al cual se debe.
A última hora de este martes, el president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, pidió a Jorge Rodríguez que asumiera responsabilidades políticas tras las revelaciones del sumario del caso Alquería por el que dimitió como presidente de la Diputación de Valencia, y dijo que habría «novedades» al respecto.
«En estos momentos no tengo aún toda la información pero siempre he dicho que más allá de las responsabilidades jurídicas hay que asumir las responsabilidades políticas. En las próximas horas habrá novedades», señaló sin concretar si esa última frase aludía a la candidatura de Rodríguez a la reelección como alcalde de Ontinyent.
Poco antes, y en otro comunicado remitido desde Ontinyent, Rodríguez anunciaba que pedirá declarar voluntariamente ante el juez del caso Alquería tan pronto como sea posible para aclarar, «punto por punto», un asunto que a su juicio «no tiene ningún recorrido penal».
Además, añadía que pedirá al juez instructor el archivo de la causa donde figura como investigado (antes imputado) al estimar que, «en el peor de los casos, se trata de un asunto meramente administrativo».
En el sumario del caso, al que ha tenido acceso EFE, la UDEF ha cifrado en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.
En un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 9 y que consta en el sumario del caso Alquería, se reputan como supuestamente ilícitos siete contratos de alta dirección que se realizaron, al parecer, sin los preceptivos informes jurídicos ni financieros y, según la declaración de testigos, por indicación de Presidencia o asesores cercanos.
Asimismo, la UDEF señala que la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia Divalterra tuvo, tras las contrataciones efectuadas bajo el gobierno de Jorge Rodríguez en noviembre de 2015, «la misma cantidad de altos cargos que entidades de grandes presupuestos como AENA».
Redacción