Los imputados suman un total de 45 delitos de falsificación de documento privado y 3 delitos de falsificación de documento mercantil, según fuentes del Instituto Armado, que señalan que la operación se ha centrado en el análisis, durante meses, de miles de documentos DATA.
Los agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Calpe iniciaron una investigación en junio de 2018 bajo el marco del Plan Contra el Robo en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, haciéndolo coincidir, además, con la campaña de recolección del cítrico, tan presente en la zona.
Gracias a esta operación, que ha concluido en abril del 2019, se ha podido detectar la existencia de cientos de documentos DATA (Documento de Acompañamiento y Trazabilidad Agraria) falsificados o, como mínimo, con ciertas irregularidades.
El DATA es un documento que se hace obligatorio a partir de la entrada en vigor de la Orden 11/2013 de la Consellería de Agricultura y tiene como fin dar una trazabilidad a los productos del campo, siendo preceptivo para cada partida de producto que supere los 20 kilos de peso, siempre que no sea el propietario del mismo quien lo porte en ese momento.
Dicho documento está conformado por una serie de campos a rellenar por el propietario del terreno y que incluyen datos de filiación del propietario, localización del terreno en el que se realiza la recolección, identificación de los transportistas/recolectores, cantidad de producción estimada, destino de la fruta, fecha de recolecta y firma del propietario.
Tras numerosas inspecciones periódicas en distintos almacenes de compra de cítricos en la provincia de Alicante y comprobar la existencia de centenares de documentos irregulares, los agentes tomaron decenas de declaraciones de las personas que supuestamente aparecían como propietarios de los terrenos agrícolas, para esclarecer estos hechos.
Según las fuentes, debido a que gran parte de la fruta pertenece a la de estrío y que, en ocasiones, la cantidad de naranja hurtada no ocasiona demasiado perjuicio económico, los perjudicados no denuncian los hurtos, lo que ha dificultado la labor de investigación.
Por ello, la Guardia Civil destaca la necesidad de denunciar cualquier hecho, por muy leve que se considere.
Las personas imputadas por los 48 supuestos delitos de falsificación de documentos agrícolas son 51 hombres y 7 mujeres, de diversas nacionalidades (española, marroquí, rumana, armenia, búlgara y ecuatoriana) y de edades comprendidas entre los 19 y los 62 años.
Estrella Digital