En España hay 20.000 afectados por el Síndrome Tóxico, 10.000 en Madrid, por ingerir aceite de colza desnaturalizado con anilina en los años 80, cuando murieron 330 personas, un caso por el que fueron condenados trece aceiteros.
Como ha adelantado la Cadena Ser este martes, el Colegio de Farmacéuticos remitió el pasado 21 de junio un escrito al Gobierno regional, al que hemos tenido acceso, alertando de la situación y en el que advertía de que, si la deuda no se resuelve, las farmacias dispensarán el medicamento «cobrando íntegramente su importe y facilitando un ticket de venta para su posterior reclamación».
Los enfermos por el Síndrome Tóxico, que tienen derecho a la gratuidad en los fármacos, no tendrán que pagar el gasto en parafarmacia porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social se sigue haciendo cargo de abonar esta factura.
En su carta, que también remiten a la plataforma de afectados “Seguimos Viviendo”, los farmacéuticos señalan que «después de año y medio la Consejería de Sanidad ha tenido tiempo suficiente para solucionar esta situación incómoda y financieramente imposible de mantener».
El Colegio alega que no han tenido «más remedio que adoptar la medida» a partir del 1 de julio, y pide además convocar una Comisión de Seguimiento del Concierto para dar traslado de la operativa a seguir y la información que se facilitará a los pacientes y a las oficinas de farmacia.
Desde la Consejería de Sanidad señalan que la deuda de casi 7 millones comenzó a generarse en enero de 2018, cuando el Estado decidió dejar de sufragar el cien por cien del coste de los fármacos y parafarmacia de los afectados y decidió que parte de los fármacos, alrededor del 60 % del coste, debían abonarlo las comunidades autónomas.
Sin embargo, no se convocó una Comisión Bilateral de Transferencias, como según la Comunidad de Madrid se debería a haber hecho, sino que únicamente lo comunicaron por carta.
La Consejería señala que está «totalmente a favor de que esté al cien por cien financiado» el gasto farmacéutico de estos pacientes y «y si la Comisión Bilateral determina que es la Comunidad la que debe financiarlo» no tienen «ningún problema».
«No se trata de oponernos», señalan, «sino de darle el sentido jurídico que debe tener».
Admiten que ambas administraciones deben arreglar la situación «cuanto antes», pero, subrayan, «en ningún caso se puede trasladar el problema a los pacientes».
La Consejería aboga por poner en contexto la decisión del Colegio de Farmacéuticos, al que deben siete millones de euros pero transfieren cada año 1.300 millones en financiación de recetas.
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