En su informe final en la vista, el letrado Juan Moreno, que representa a Izquierda Unida junto a Justicia y Sociedad y Los Verdes, ha subrayado que los hechos, que se remontan a 2013, tuvieron lugar cuando la Audiencia Nacional investigaba la presunta caja B del PP.
A su juicio, las tres personas físicas acusadas junto a PP -la extesorera Carmen Navarro, el responsable de su asesoría jurídica, Alberto Durán; y el jefe del departamento de sistemas informáticos, José Manuel Moreno- tuvieron una «conducta criminal» cuando destruyeron los ordenadores y el partido una «omisión criminal», por no haber hecho nada para evitarlo.
Los acusados, ha dicho, tenían «pleno conocimiento» de la investigación a Bárcenas y de la importancia de la información que podía haber en sus ordenadores, por lo que «no hay dudas de su participación en los delitos de forma coral».
«Hubo una coordinación por parte del PP para hacer desaparecer esos ordenadores con plena conciencia criminal, por las consecuencias jurídicas que tenía para el partido», sentado en el banquillo como responsable a titulo lucrativo en la causa de los papeles de Bárcenas, ha recalcado el abogado.
Los tres empleados están acusados de delitos de encubrimiento y de daños informáticos, delito que también se imputa al PP por no haber puesto en marcha ningún mecanismo para evitar que esas personas destruyeran pruebas.
Moreno ha considerado que el juicio ha sido «necesario desde el punto de vista democrático» y ha acreditado la legitimidad de las acusaciones populares, frente a quienes, como las defensas, pidieron el archivo del caso en aplicación de la doctrina Botín, ya que no hay acusación particular y la Fiscalía pide la absolución.
Ha recordado también que Bárcenas aseguró que si llega a tener conocimiento de la operación Kitchen, supuestamente puesta en marcha por Interior para espiarle y robarle documentos, no habría retirado su denuncia en el caso del borrado de los ordenadores.
Los abogados de las acusaciones han defendido la «credibilidad» de la declaración del extesorero y han excusado sus imprecisiones, recordando qué apuntes de sus papeles han sido confirmados en otras causas.
Para las acusaciones es «ilógico» que el PP devolviera a Bárcenas todas sus pertenencias sin ponerle pegas, menos unos ordenadores «desfasados», y también que los portátiles estuviesen vacíos, como sostiene el partido que los encontró antes de someterlos a un proceso de borrado seguro. Una «alegoría de la impunidad».
No dan además «credibilidad alguna» a las declaraciones de los acusados, uno de los cuales llegó a decir que tenía conocimiento del caso Bárcenas a pesar de que la sede del PP estaba asediada por los medios de comunicación.
Han dicho que «es evidente» que en el PP, además de «nerviosismo» por las causas que se estaban investigando, «no solo había un enorme descontrol», sino que había personas que estaban «aparentemente trabajando bajo un pacto de silencio».
Las tres acusaciones han insistido en que en los discos duros que se destruyeron «evidentemente había información» y que esta «debía de ser muy sensible», por lo que los acusados urdieron un plan criminal para acabar con esas pruebas y dificultar la labor de la Justicia, por lo que piden al juez que dicte una sentencia condenatoria.
Estrella Digital