El magistrado de la Audiencia Nacional interrogará entre hoy y mañana a un total de nueve investigados por esta causa, la mayor parte altos cargos actuales o pasados del banco. Todos ellos están siendo investigados por delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.
Para este jueves, el juez ha llamado a declarar a cinco de los investigados, entre ellos a Ángel Cano, ex CEO del banco entre 2009 y 2015.
También están citados Ignacio Pérez Caballero Martínez, director de Red de Banca Comercial de BBVA; Javier Malagón Navas, performance management & control, & head of data en Finanzas; así como Antonio J. Bejar González, presidente de Distrito Castellana Norte, y Ricardo Gómez Barredo, miembro del Consejo de Administración de Garanti (ambas sociedades participadas por el banco).
El viernes han sido citados al exjefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano; Inés Díaz Ochagavia, que le sustituyó como directora de Seguridad Corporativa; Nazario Campo Campuzano, jefe del equipo de Seguridad y el socio de Villarejo, el abogado Rafael Redondo.
En esta pieza, que permanece bajo secreto, el juez investiga la relación del BBVA con Cenyt, la empresa de Villarejo, que se cree comenzó en 2004, cuando Sacyr pretendía tomar el control de la entidad. Según la investigación el banco contrató los servicios de Cenyt por 5 millones de euros.
El nombre de Corrochano aparece en contratos suscritos con Cenyt, y en intervenciones telefónicas consta una conversación suya en la que asegura que el «presi» le llamaba cada diez o quince días, en alusión a Francisco González, conocido como FG, lo que supondría que estaba al corriente de esta operación de espionaje.
Exministros, periodistas, empresarios y banqueros, entre otros, fueron objeto de este espionaje para el que Villarejo se habría servido de la ayuda, entre otros, de Corrochano.
Los investigadores calculan que llegaron a ser intervenidas más de 15.000 llamadas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas.
Estas pesquisas en el caso Villarejo derivaron en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor, tras haber dejado en diciembre de presidir la entidad.
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