El director general del IVF, Manuel Illueca, ha descartado que la operación de venta de valor de un activo deteriorado, un préstamo al Grupo Zeta que adquirió Prensa Ibérica -de la que es accionista Ximo Puig-, originara la aprobación del decreto del Gobierno valenciano sobre el reglamento de actuación del Instituto.
El PP ha registrado este miércoles en Les Corts la petición de que se reúna la Diputación permanente, para que Puig explique su participación en el pleno del Consell en el que se aprobó una operación que «podría favorecer» a un grupo empresarial en el que tiene «acciones e intereses».
La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha pedido que el president explique asimismo la relación de la Generalitat y el IVF con la condonación «del 70 % una deuda a un grupo empresarial del que Puig tenía más de 177.000 euros en acciones».
El PPCV ha advertido que va a revisar las actas del pleno del Gobierno valenciano donde se alcanzaron estos acuerdos y en los que pudo participar Puig, y ha pedido copia completa del expediente de esa condonación, al considerar que se trata de algo que no es «ni ético ni estético».
Por su parte, Ciudadanos ha registrado varias preguntas parlamentarias para que la Generalitat manifieste si ve «ético» que Puig sea accionista del «mayor grupo mediático y de comunicación» de la Comunitat, Editorial Prensa Ibérica, y los motivos de condonación de una deuda de 1,3 millones al Grupo Zeta, adquirido por Prensa Ibérica.
La portavoz adjunta de Cs en Les Corts, Ruth Merino, ha manifestado que Puig es socio del grupo Prensa Ibérica, que recientemente «se ha visto beneficiado por una quita en la que ha participado el IVF que asciende a 1,33 millones de euros», y ha pedido que se expliquen los motivos que justifican el beneficio al Grupo Zeta al condonar esa deuda.
Según Cs, un decreto del Consell del pasado marzo de aprobación del reglamento de desarrollo del IVF y de la gestión y alienación de los bienes y derechos adquiridos en el ejercicio de su actividad crediticia del Gobierno valenciano, «permitió al IVF sumarse a la banca privada y perdonar el 70 % del dinero que le adeudaba al Grupo Zeta para permitir la compra de Editorial Prensa Ibérica».
Sin embargo, el director general del IVF, Manuel Illueca, ha descartado que la operación de venta de valor de un activo deteriorado, un préstamo al Grupo Zeta que adquirió Prensa Ibérica, originara la aprobación del decreto del Gobierno valenciano sobre el reglamento de actuación del Instituto.
Illueca ha asegurado en rueda de prensa que, cuando el Gobierno valenciano aprobó ese decreto, no tenía «ningún tipo de información de si estaba detrás esta operación u otra», y ha señalado que cuando se planteó la venta del crédito se condicionó a la aprobación del decreto, que aseguraba «cobertura legal» a todas las operaciones.
Preguntado si el IVF tenía conocimiento de que Puig es accionista del periódico Mediterráneo con el 1,2 % de las acciones, ha manifestado que esta cuestión se desconocía por parte del Instituto, que tiene, según ha defendido, un código ético.
Puig «nunca ha dado luz verde ni luz roja a ninguna actuación del IVF, y si algo le ha caracterizado ha sido el máximo respeto a las decisiones técnicas del IVF», ha afirmado Illueca, quien se ha mostrado sorprendido por las críticas a la labor de reestructuración del IVF de quienes «abocaron a la situación de quiebra al banco de la Generalitat».
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