Tras casi dos meses desde el inicio de la legislatura el pasado 21 de mayo, las propuestas de los partidos se han ido acumulando y, ante la inminencia de las vacaciones de agosto, todo hace prever que continuarán almacenadas hasta septiembre.
Muchas de ellas son recuperadas del anterior período de sesiones ya que el adelanto electoral hizo que decayeran.
Pero también hay varias iniciativas nuevas derivadas de los programas electorales de los partidos, sobre todo los que se encuentran en la oposición, que, incluso, han presentado proposiciones no legislativas similares, como la de una prueba de EBAU única para todo el territorio español que defienden PP y Ciudadanos.
En total, hay calificadas por la Mesa del Congreso, dispuestas para su tramitación, más de 70 iniciativas de los grupos parlamentarios. De ellas, 25 son del Grupo Mixto, 15 de Unidas Podemos, 15 del PP, 6 del PNV, 5 de Ciudadanos, 5 de ERC y 2 de Vox, mientras que el PSOE no tiene ninguna.
A estas se suman las iniciativas legislativas populares pendientes, que nacen de la ciudadanía y continúan o reinician su tramitación una legislatura tras otra sin necesidad de tener que ser presentadas de nuevo.
En este momento hay siete calificadas, alguna de las cuales provienen de la X legislatura, entre 2011 y 2016. Son sobre cuestiones sociales como la propuesta de renta mínima, el uso racional de los medicamentos, la atención a la dependencia, u otros ámbitos, como la equiparación salarial de los distintos cuerpos policiales.
Lo mismo ocurre con las iniciativas presentadas por las comunidades autónomas, que se recuperan al inicio de la legislatura para seguir su tramitación, interrumpida con la disolución de las Cortes.
Se trata de 16 proposiciones de ley y otras cuatro de reforma constitucional.
Entre ellas, hay nueve del Parlamento de Navarra, como la de derogar la reforma laboral o la de modificar la Ley Electoral o la de financiación de los partidos, y también la auspiciada por el Parlament catalán para despenalizar la eutanasia.
A la espera del debate de investidura, que se inicia el próximo día 22, los grupos han insistido en la necesidad de que se constituya cuanto antes la Diputación Permanente, el órgano rector del Congreso durante las vacaciones y períodos inhábiles, cuya primera reunión está prevista el martes 23 por la tarde.
Pero la mayoría de las iniciativas quedarán ya para septiembre, entre ellas, aparte de las que tienen carácter legislativo, las que se refieren al control al Gobierno, como las peticiones de comparecencia, mientras que las preguntas para respuesta por escrito del Ejecutivo sí que se están tramitando.
Excepto el PSOE, todos los grupos han presentado algunas iniciativas desde el 21 de mayo. Los siete partidos que forman parte del Grupo Mixto tienen 25 ya calificadas, todas ellas proposiciones no de ley para su debate en pleno.
Le sigue el grupo de Unidas Podemos, con 15, de ellas 12 proposiciones de ley que se refieren a cambio climático, cierre de las centrales nucleares, reversión de saltos hidroeléctricos o reforma de la Ley de Amnistía de 1977, entre otras.
Desde el grupo popular se han registrado ocho proposiciones de ley, como contra la ocupación ilegal de viviendas o para eliminar el impuesto hipotecario; y siete proposiciones no de ley además de la petición de comparecencia del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.
Esta última comparecencia por los incidentes registrados en la marcha del Orgullo 2019 en Madrid también ha sido solicitada por Ciudadanos, que tiene tres proposiciones de ley: para regular la gestación subrogada, para el apoyo a las familias y otra de reparación de víctimas de terrorismo.
Vox ha planteado una proposición de ley para la protección de denunciantes de corrupción y una interpelación urgente.
Por su parte, ERC ha registrado cinco proposiciones no de ley y el PNV otras cinco además de recuperar su propuesta de reforma del Reglamento del Congreso.
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