En una entrevista, Riera ha subrayado que, «ante un momento tan crítico y trascendente» como el que se derivaría si hay condenas a los líderes independentistas juzgados por el Supremo, «la CUP estaría dispuesta a asumir todos los compromisos y responsabilidades que hiciese falta, tanto en la calle como en las instituciones, pero no para cualquier cosa».
La CUP, ha advertido, no piensa asumir «compromisos en la gobernabilidad de la autonomía», porque en su opinión «la autonomía forma parte del problema, no de la solución».
Según Riera, «la respuesta al Tribunal Supremo no es hacer un gobierno de concentración», sino plantear «una respuesta política de movilización y confrontación desde la calle y las instituciones», que implique «desobediencia civil continuada, sostenida y permanente, parar el país, desobediencia institucional y ejercicio de soberanía desde el Parlament y el Govern».
«Si nos ponemos de acuerdo sobre esto, entonces podemos asumir responsabilidades de gobierno para garantizarlo desde las instituciones», ha asegurado Riera.
«Nosotros podemos formar parte de un gobierno de concentración en una situación de excepcionalidad para ejercer la ruptura democrática con el Estado, no para gestionar la autonomía», ha resumido.
En cambio, «si hay una respuesta de baja intensidad, compatible con el mantenimiento de la gobernabilidad autonómica y la fantasía del diálogo con el Estado, nosotros aquí no tenemos nada que hacer», ha avisado el número uno de la CUP en las elecciones catalanas de 2017.
Riera ha apuntado que desde el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su entorno llegan «mensajes de cierta contundencia desde el punto de vista nacional», pero al menos «hasta hoy esto no pasa de ser discursos y gestos simbólicos».
«La praxis de la totalidad del Govern es de estricta gestión autonómica y autonomista» y de «obediencia al Estado», ha dicho Riera, que ha reclamado una «agenda política de confrontación y conflicto con el Estado».
«La CUP está dispuesta a asumir todo tipo de responsabilidades y de compromisos, asumiendo todas las consecuencias, si de lo que se trata es de ejercer la autodeterminación y abrir un camino de ruptura democrática con el Estado», ha insistido.
Sobre los presupuestos catalanes para 2020, que el Gobierno de Quim Torra quiere pactar con la CUP y otros grupos de la oposición, ha querido dejar claro que primero hay que hablar «de los objetivos políticos del Govern».
«Es decir, de cómo se ejerce la autodeterminación, cómo conseguimos que el Parlament y el Govern actúen con soberanía, cómo defendemos los derechos sociales y cómo defendemos los derechos políticos y democráticos, no solo ante la represión del Estado, sino también la que viene de la conselleria de Interior y los Mossos d’Esquadra», ha precisado.
Riera ha pedido «un giro de 180 grados en las políticas» del Govern, lo que incluye dar marcha atrás en «la ley Aragonès» -ya que la CUP considera que fomenta la privatización y subcontratación de servicios públicos- y una nueva política en materia de vivienda.
En relación con la vivienda, la CUP preconiza «la expropiación de pisos vacíos» pertenecientes a grupos inversores, regular el precio del alquiler «de forma real y no como se hacía con un decreto reciente» y aprobar «una gran promoción de vivienda pública».
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