En declaraciones, Riera ha explicado que en los últimos meses ha habido reuniones «a nivel bilateral y multilateral» para explorar una respuesta unitaria a unas posibles condenas a los líderes independentistas juzgados por el Supremo.
Riera se ha mostrado «algo optimista» por los «progresos en la discusión» con el resto de fuerzas políticas y sociales soberanistas, aunque no puede hablarse aún de «acuerdos finales».
Según Riera, «estamos de acuerdo en que ante la sentencia del Tribunal Supremo es necesaria una respuesta excepcional a nivel civil e institucional».
«Yo creo que hay un avance en que en estos momentos la clave es intensificar y agudizar el conflicto y la confrontación con el Estado, y que esto debe pasar por la movilización social, la desobediencia civil no violenta y una respuesta muy contundente desde el punto de vista institucional», ha destacado.
En las conversaciones con otras fuerzas soberanistas, ha explicado Riera, la CUP ha planteado esta necesidad de «reescalar el conflicto» e impulsar una respuesta política que «ponga sobre la mesa una agenda para la autodeterminación».
De hecho, en esta misma línea, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sostiene en su libro «Re-unim-nos», recientemente publicado, que «el único camino» para alcanzar la independencia de Cataluña «pasa, lamentablemente, por una inevitable confrontación con el Estado», ya que «el diálogo, la negociación, el referéndum acordado hoy sabemos que son fantasías» tras la experiencia del 1-O.
Riera ha hecho hincapié en que la respuesta al Supremo «no debe ser solo independentista», porque «aquí nos jugamos derechos civiles, políticos y democráticos básicos» que también pueden defender, por ejemplo, los comunes y fuerzas sindicales de Cataluña.
Por lo tanto, ha añadido, «la respuesta debe tener dos niveles: un nivel amplio de defensa de derechos democráticos y una respuesta estratégica a nivel de las fuerzas independentistas».
Por ahora, ha indicado, el soberanismo está en una fase de «acumulación de fuerzas, reconocimientos y legitimaciones internacionales» y de «desgaste del Estado español por una cuestión de derechos civiles, políticos y democráticos», y a ello contribuirá, a su juicio, la sentencia del Supremo.
«Cuando lleguemos a la resolución final de este conflicto, obviamente esto se producirá en el marco de un acuerdo multilateral con actores internacionales implicados», ha opinado Riera, que ha subrayado que, «como el Estado ha manifestado reiteradamente que no tiene ninguna voluntad de diálogo ni de negociación, para llegar a este punto habrá que forzarlo».
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