La situación de bloqueo político afectaría así también a la evolución de este salario -la cuantía retributiva mínima referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros- al igual que puede ocurrir con la evolución de las pensiones o los salarios de los funcionarios.
Según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en 2018 el incremento del SMI benefició a 1.327.054 trabajadores.
Lo habitual es que el SMI se apruebe mediante un real decreto en Consejo de Ministros antes de que termine el año para entrar en vigor el 1 de enero del año al que se refiera.
La ley de Gobierno fija que el Ejecutivo en funciones debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos sin adoptar otras medidas, «salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique».
Esto dejaría fuera la decisión del Gobierno sobre el SMI que suele tomar previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más significativas.
No obstante, este año el Gobierno lo pactó con Podemos, dentro de su acuerdo presupuestario, algo que ha reprochado la CEOE por saltarse el diálogo social.
Se trató de una subida del 22 %, la mayor desde 1977, que afectó a 1,3 millones de trabajadores de forma directa y que tiene además un efecto arrastre en los sueldos.
El compromiso del Gobierno, reiterado por Pedro Sánchez durante el discurso de investidura, es ir subiendo el SMI hasta que alcance el 60 % del salario medio, unos 1.100 euros.
El SMI se creó en 1963 y se mantuvo congelado durante los tres años siguientes, en tanto que a partir de 1967 se ha ido actualizando anualmente, salvo entre 1976 y 1979, años en los que se subió dos veces cada ejercicio por el elevado aumento de la inflación.
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