El Govern ha informado en un comunicado de que se comenzó a tramitar este documento después de que el Parlament aprobara por unanimidad la Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo y en él constan el nombre y apellidos de las personas procesadas por los tribunales militares de la dictadura.
Junto a la respuesta de la petición se adjunta también una carta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la que éste destaca la necesidad de «restablecer el honor, la dignidad y la memoria de una víctima injustamente procesada por los tribunales franquistas».
La solicitud de la nulidad, que llega en un plazo de 30 días, se puede hacer presencialmente en las oficinas de atención ciudadana, a través del sitio web del departamento de Justicia o llamando al 012.
Hasta el momento, un 70 % de todas las peticiones han solicitado recibir el documento por correo electrónico, mientras que el resto han preferido recogerlo en persona.
La ley que declara nulas las sentencias franquistas consta de un único artículo según el cual «se declaran ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo».
En aplicación de esta ley, el Archivo Nacional de Cataluña también hizo pública una relación completa de las 66.629 personas contra las que se instruyó un procedimiento judicial militar porque no eran afines al régimen o por ser consideradas enemigas del franquismo debido a su afiliación política, sus ideas o sus creencias.
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