El Pacto de Estado vio la luz a finales de 2017 con el apoyo de todos los grupos políticos y la abstención de Unidos Podemos, pero la inestabilidad política y la interrupción de la actividad parlamentaria han dificultado el desarrollo de las reformas legislativas necesarias y la consecución de la mayoría de sus medidas.
«Es un espectáculo lamentable y es desalentador: la parálisis, el cortoplacismo y la guerra continua en relación a tres temas cuando habría muchísimos otros en los que quizá sí se podría hacer el esfuerzo de llegar a acuerdos entre todos», ha lamentado la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime ante la falta de formación de Gobierno.
El 25 % de las 292 medidas del Pacto ya está en marcha, un total de 75, pero 50 de ellas ni siquiera se han abordado y en las 167 restantes se ha dado algún paso pero no se ha completado su implantación.
Algunas requieren la implicación del Congreso de los Diputados y el Senado, como la modificación de normas como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, otras dependen directamente de determinados ministerios y algunas también de comunidades autónomas y ayuntamientos.
La reforma del Código Penal para revisar la reincidencia en la violencia de género y para imponer prohibiciones en caso del quebrantamiento de la condena por parte de los agresores o posibilitar a los jóvenes el cambio de apellidos para quitarse el del maltratador son algunas de las medidas que requieren la implicación del Parlamento y en las que no se ha avanzado ni un paso.
Pero son muchas aquellas en las que se ha iniciado el camino pero no han llegado aún a término.
Entre ellas, prohibir las visitas de los menores a la cárcel a un padre condenado por violencia de género, suspender el régimen de visitas cuando un niño hubiera presenciado o sufrido manifestaciones de violencia, suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño en la violencia machista, tipificar mejor los delitos en el ámbito digital o ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia sobre la mujer.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, solicitaba este agosto a todos los partidos firmantes del Pacto que apoyen la modificación de las normas orgánicas necesarias «con la misma firmeza» con la que respaldaron el Pacto «en el primer momento en el que esté activada la Cámara con plenitud de trabajo».
«Las retomaremos -las reformas- en cuanto que podamos porque esto no solamente no remite sino que se acrecienta», refirió Calvo en relación a la violencia contra las mujeres.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis ha alertado del «incremento notable» de las víctimas mortales en lo que va de 2019 y ha urgido a avanzar en la puesta en marcha de las medidas del Pacto, en el que «se hizo un esfuerzo muy ambicioso» y se recogieron «medidas muy positivas» para luchar contra este problema.
Jaime ha recordado que están pendientes aquellas que aportan instrumentos para una medición más ajustada del riesgo de las víctimas que permita una adopción apropiada de medidas de protección y también las que refuerzan la protección de los menores.
Tampoco se ha abordado la creación de una ley contra la trata de personas con fines sexuales, la extensión de las ayudas y el apoyo psicológico a víctimas de violencia sexual ni la respuesta a situaciones de acoso sexual.
En lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas (ocho de los agresores, el 21,1 % había sido denunciado), existe un caso en investigación y 27 niños han quedado huérfanos.
Además, tres menores han sido asesinados por sus padres en este 2019.
Desde enero de 2003, 1.013 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Y son 29 los menores asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres y 258 los menores huérfanos desde 2013.
Estrella Digital