Nació para sustituir a la también conocida como ley Wert (2013), rechazada por la mayoría de la comunidad educativa, y habría sido la octava ley de la democracia con la que se trataba de «modernizar» un sistema educativo sobre el que ha imperado la inestabilidad normativa y que ni siquiera ha conseguido aunar posturas en un Pacto de Estado.
«No me parece muy posible que llegue a tiempo», reconoció la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, al anunciar, tras el Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019, que el Gobierno había aprobado el proyecto de Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) diseñado por su departamento.
A pesar de ello, explicó que se había aprobado en ese momento el proyecto por «respeto a todas las personas que han venido trabajando y respaldando la ley», aunque la comunidad educativa consideró que la decisión generaba incertidumbre y algunos sectores acusaron a la Ministra de usar la Educación de forma electoral.
Hace tan solo unos días, en el marco de las reuniones que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantuvo este mes de agosto con representantes de la sociedad civil, Celaá aseguró que la futura ley educativa no se va a retocar y que sólo contará con las aportaciones que se hagan durante su trámite parlamentario.
Sin embargo, varios portavoces del sector que participaron en el encuentro con Sánchez y Celaá, manifestaron que el jefe del Ejecutivo se comprometió a ampliarla y mejorarla, aunque sin concretar medidas.
El proyecto de ley apuesta por la educación de 0 a 3 años, ya que se regularán los requisitos de titulación de sus profesionales y los de los centros que impartan este ciclo.
Elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media de acceso a la universidad o para becas e introduce una materia obligatoria de Educación en valores cívicos y éticos para todos los estudiantes de Primaria y ESO.
Elimina definitivamente las pruebas de final de etapa de la Lomce, pero incorpora evaluaciones de diagnóstico para cuarto de Primaria y segundo de la ESO, aunque prohíbe que estos resultados se utilicen para hacer clasificaciones de centros.
Con la Lomloe desaparecerán los itinerarios de cuarto de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en Secundaria y prevé la posibilidad de que en Bachillerato se pueda obtener el título «por compensación» en caso de superar todas las materias salvo una y se recupera la anterior Prueba de Acceso a la Universidad.
En el caso de los alumnos que superen un ciclo formativo de Formación Profesional de grado básico, podrán recibir el título de graduado en ESO, lo que les permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria.
Para obtener y mantener unidades concertadas se priorizará a los que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por género u orientación sexual.
El texto demanda a las comunidades autónomas que garanticen el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.
En cuanto al contenido curricular, fija que un 55 % sea competencia del Estado en las comunidades con dos lenguas oficiales y un 65 % en las que solo tengan una lengua oficial.
La ley contempla un plan de incremento del gasto público educativo hasta un mínimo del 5% del PIB; y quiere también garantizar la atención a los alumnos de la escuela rural e insular.
Habrá que esperar para comprobar si finalmente inicia su trámite parlamentario este texto que, según Celaá, es fruto de un amplio proceso de participación.
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