«No queremos negociar con un Govern que habla de ruptura democrática y que habla de judicialización con el Gobierno del Estado (…). En estos momentos no se dan las condiciones para abrir negociaciones si no hay un cambio de rumbo por parte del Govern», ha expuesto su portavoz parlamentaria, Eva Granados, en una entrevista con EFE.
En el último pleno del curso, Iceta tendió la mano al gobierno que capitanean Torra y Pere Aragonès para acordar unas cuentas para 2020, con el objetivo de dar estabilidad al gobierno catalán y relajar la situación financiera de la Generalitat, que lleva dos ejercicios en prórroga presupuestaria y ha tenido que decretar el cierre de caja en agosto, lo que ha derivado en recortes.
Sin embargo, Granados ha explicado que «desde entonces han pasado cosas», concretamente varias intervenciones públicas de miembros del Govern, que han provocado que el PSC cambie de opinión.
En primer lugar, ha detallado, están algunos comentarios del president en relación a los atentados de Las Ramblas de Barcelona en 2017 y su reciente apuesta por la «confrontación»: «Tenemos declaraciones conspiranoicas atacando al CNI en contra de la opinión de los Mossos (…) y el discurso hablando de ruptura democrática», ha dicho.
En segundo lugar, tampoco ha gustado al PSC que el vicepresidente Aragonès haya llamado «a la rebelión de las comunidades autónomas» al propugnar que se recurra ante los tribunales los anticipos de financiación de 2019, que están pendientes de pago porque, según establece la Abogacía del Estado, cuando un gobierno está en funciones no los puede transferir.
«Es una irresponsabilidad querer judicializar unos anticipos. Me imagino que el señor Aragonès se habrá informado con sus servicios jurídicos y sabrá que un Gobierno en funciones no puede aprobar unos presupuestos, que son los que facilitarían la entrega a cuenta», ha apuntado. El primer paso que debería dar el Govern, ha agregado, es desistir de este recurso.
Más allá de estas declaraciones y acciones polémicas, Granados cree que es imprescindible que el Govern aclare cuál es su proyecto para los próximos meses antes de abrir cualquier mesa de negociación relativa a los presupuestos.
Y es que, para la portavoz socialista, resulta incoherente que desde el gobierno catalán -formado por ERC y JxCat- se afirme que se quieren aprobar unos presupuestos que den estabilidad, al mismo tiempo que algunos de sus consellers defienden públicamente un adelanto electoral si la sentencia contra los líderes del «procés» es condenatoria.
Frente a esta «confusión» que reina en el ámbito soberanista, la portavoz parlamentaria ha enfatizado que el PSC tiene «claro» qué es lo que necesita Cataluña: «Presupuestos y un Govern que gobierne».
Por este motivo, si finalmente el gobierno de Torra y Aragonès «rectifica» y apuesta por el «diálogo» y la búsqueda de soluciones, los socialistas catalanes se avendrán de nuevo a negociar los presupuestos.
Unas cuentas que deberán contemplar, como mínimo, tres aspectos: una reforma fiscal para aumentar la progresividad, un plan para blindar servicios públicos básicos como enseñanza, salud y dependencia, y una revisión del importe de las partidas destinadas a gastos relacionados con el «procés».
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