Estos seis agentes se suman a los 22 a los que el titular del juzgado de instrucción número 2 de Girona ya acordó investigar en abril pasado y que citó a declarar entre junio y julio, aunque finalmente se suspendió la vista a petición de los agentes.
El juez investiga las cargas policiales a raíz de una querella colectiva interpuesta por los Ayuntamientos de Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva, que recogía el testimonio de 200 activistas que supuestamente resultaron heridos el 1-O de 2017.
Los agentes actuaron en su mayoría en el Col·legi Verd, el Bruguera, el IES Dalmau Carles, el Servicio Municipal de Ocupación y el centro cívico Pla de Palau-Ernest Lluch, en Girona. En un auto del pasado 15 de abril, el juez precisaba que se investigaba a los agentes por las declaraciones de los denunciantes -con aportación en algún caso de imágenes y fotografías- como presuntos autores de los delitos de lesiones, daños y “por su eventual participación” en un delito de torturas.
El juez admitía que no se había podido identificar por su TIP a ninguno de los guardia civiles que actuaron en Aiguaviva y Sant Julià de Ramis –donde hubo un gran despliegue porque era donde tenía previsto votar el entonces presidente catalán Carles Puigdemont- ni a los agentes del CNP que actuaron en el colegio de Taialà y en el Centro Cívico de Pedret de Girona.
Ante esta situación, los abogados que interpusieron la querella aportaron nueva documentación gráfica sobre las cargas en el colegio de Taialà, vídeos que, junto al testimonio de dos víctimas, han servido para identificar a seis agentes que participaron en las cargas en ese colegio.
Ahora, según un nuevo auto notificado el pasado 31 de julio, el juez considera que existen indicios de que cinco de los policías nacionales golpearon a una víctima “con un banco, cuando estaba sentada en las escaleras del centro, la sujetaron y arrastraron golpeándose en la cabeza y finalmente una vez estirada en el suelo le dieron un puntapié en la cabeza”. El sexto policía investigado habría cogido a otra de las personas que estaba en el centro y “la agredió tirándola al suelo”. Ante estas nuevas pruebas, el Juzgado de Instrucción 2 resuelve atribuir también la calidad de investigados a estos nuevos seis agentes de la Policía Nacional y ordena que se les cite a declarar próximamente como presuntos autores de los delitos de lesiones, daños y también “por su eventual participación” en el delito de torturas y desórdenes públicos.
El mismo juzgado había señalado para los pasados meses de junio y julio la declaración como investigados de los 22 agentes que estaban imputados en el auto de abril, pero la declaración se suspendió a petición de los propios agentes, que solicitaron poder ser representados por la Abogacía del Estado.
Una vez solventada la petición para 17 de los agentes, el juzgado ha vuelto a fijar sus días de citación para declarar, que serán los próximos 4, 7, 11 y 14 de octubre.
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