El informe sobre el grado de cumplimiento del presupuesto del Congreso del año anterior, el cual fue aprobado el pasado martes en el pleno, recoge que unos 5.138 euros provenientes de viajes efectuados el año pasado llegaron al cierre presupuestario, el pasado 30 de abril, sin su obligatorio justificante.
Once fueron los expedientes por viajes de diputados que no se pudieron cumplimentar debidamente por dos razones: «porque los respectivos parlamentarios no han justificado los gastos realizados con motivo de los desplazamientos de la Cámara», o porque «si bien los han justificado, no han reintegrado las cantidades» sobrantes de partidas adelantadas, explica el documento.
La localización de estos gastos sin justificar procede del mayor control que el Congreso ejerce en los viajes oficiales de los diputados, todos ellos como integrantes de delegaciones parlamentarias.
Fue en 2017, en enero, cuando la Mesa de la Cámara, a instancias de la entonces presidenta Ana Pastor (PP) impuso un seguimiento más exhaustivo de los gastos de los viajes.
Se suprimieron las dietas, de 150 euros al día si el viaje era fuera de España, de 120 si era dentro del territorio nacional, y se implantó un sistema de justificación y reintegro de los gastos.
Es decir: el diputado que vaya a un viaje autorizado por la Mesa, cobrará a su regreso lo que haya gastado siempre y cuando presente las facturas correspondientes. No se incluye lo que cueste el transporte y el alojamiento.
A tenor del informe, que refiere los viajes de 2018, en algunos casos se facilitaron cuantías por anticipado que, de vuelta, el diputado habría de justificar; si hubiera gastado menos de lo dispuesto, debería devolver la diferencia.
Señala el documento presupuestario que de esos once expedientes, en tres se justificaron gastos por importe de 906,91 euros, si bien casi 600 euros quedaron por reintegrar.
Sin embargo, «los otros ochos expedientes no han sido justificados y su importe asciende a 5.138,87 euros». Importe que fue «anticipado» a los parlamentarios que viajaron, apostilla el informe.
De acuerdo con la regulación de los viajes, este dinero hay que devolverlo, y por ello, «la Dirección de Relaciones Internacionales de la Cámara ha solicitado la justificación de dichos gastos y el reintegro pertinente».
Pero la devolución del dinero no llegó a tiempo para el cierre del presupuesto.
Fuentes parlamentarias han informado que ese importe se ha reembolsado, aunque al haberse satisfecho la reclamación de la Dirección de Relaciones Internacionales después del 30 de abril, la cuantía figurará en la liquidación del próximo ejercicio.
Sucedió algo similar con los viajes de 2017, cuando cuatro expedientes de viajes se quedaron sin cerrar. Con posterioridad se reintegró la cuantía que estaba sin justificar, de 1.857 euros.
Otras fuentes consultadas recuerdan que si el diputado al que se le reclama no devolviera el importe correspondiente, éste se le restaría de una nómina.
En 2018, según la información que al respecto facilita la web del Congreso, el Congreso autorizó 136 viajes de delegaciones parlamentarias.
Las cantidades económicas mencionadas representan una pequeña porción del presupuesto total que manejó el Congreso en 2018, que alcanzó los 86,9 millones de euros y de los que, al cierre del ejercicio, gastó un 89,9 por ciento, es decir, 78,2 millones.
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