La comisión de Presidencia del consistorio barcelonés ha dado luz verde a una proposición de ERC en este sentido que ha contado con el apoyo de Barcelona en Comú y de Junts per Catalunya (JxCat).
El PSC, que gobierna Barcelona en coalición con BComú, ha votado en contra, al igual que Cs, PP y Barcelona pel Canvi.
El acuerdo establece que, una vez conocida la sentencia y en el supuesto de que ésta sea condenatoria, el Gobierno municipal apruebe, inmediatamente, una declaración institucional que, entre otras cosas, reconozca «que las personas enjuiciadas lo son por motivos políticos y, por tanto, estamos ante un proceso de persecución política, con presos y presas políticas».
El consistorio exigirá, en este futuro texto, «la liberación inmediata de los presos y presas políticas y el libre retorno de los exiliados y exiliadas».
Otros parámetros de actuación que establece la propuesta aprobada este miércoles son el compromiso con el derecho a la autodeterminación, con la defensa de la celebración de un referéndum y «la denuncia de la regresión de derechos y libertades que desde hace años se sufre en Cataluña, y en España, así como la judicialización de la política catalana».
El Ayuntamiento de Barcelona se compromete a trabajar «con el resto de instituciones y sociedad civil del país para encontrar soluciones para conseguir la libertad de los presos políticos y hacer una llamada a la movilización ciudadana a favor de derechos y libertades.»
El debate de la iniciativa ha sido crispado entre los grupos constitucionalistas e independentistas del consistorio, aunque no entre PSC y BComú, que forman el gobierno municipal, que han evitado caer en la confrontación por una cuestión en la que mantienen posiciones diferentes.
La portavoz de ERC, Elsa Artadi, ha asegurado que «si les condenan -a los procesados- será una de las mayores injusticias de la historia de Europa» y «los barceloneses saldrán a la calle», ante lo que el consistorio «no puede quedarse atrás», además de insistir en que «la absolución es el único resultado justo».
La intervención más vehemente ha sido la de la presidenta del grupo de Ciudadanos, Mariluz Guilarte, que ha usado adjetivos como «delincuentes» y «cobardes» para referirse a los políticos juzgados o huidos de la justicia.
Guilarte ha asegurado que los dirigentes independentistas en prisión o huidos a otros países han «robado datos» y «malversado para pagar un golpe de Estado en toda regla» y ha reclamado investigar si el ayuntamiento ha colaborado con esta «trama corrupta» y «mafia organizada».
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