Según el escrito facilitado por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), el Ministerio Público solicita para cada uno de ellos dos años de prisión y multa de dieciocho meses con una cuota diaria de diez euros.
En concreto, la Fiscalía sostiene que la candidata al Senado del PSOE contactó con un agente de la Policía Nacional, también acusado y militante socialista, para que consultase los antecedentes policiales de otra persona que iba como candidato de otro partido.
«Con motivo de dichos comportamiento resultó perjudicado, pues su puesto en la lista de candidatos al Senado se vio alterado», esgrime el fiscal en su escrito.
Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2015 cuando la candidata orensana presuntamente se puso en contacto con el también acusado E.C.R., para que comprobase los antecedentes policiales de J.A.A., persona ésta última, sostiene, «que podría ser competencia en su carrera política» al ser un posible candidato a disputarle un escaño en el Senado.
Después de esto, el Ministerio Público cree que los acusados volvieron a ponerse en contacto telefónico y que la integrante de la ejecutiva le dio instrucciones «sobre qué hacer con la información recabada».
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