En concreto, la querella va dirigida contra el ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros; el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos; el ex jefe de zona de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo Martín; el ex jefe de la Policía Nacional en Cataluña, Sebastián Trapote Gutiérrez, además de los subdelegados del Gobierno en las otras provincias catalanas.
La querella, presentada conjuntamente el pasado martes 1 de octubre en la Audiencia Nacional por estos nueve afectados, por la Asociación Atenes, la Asociación de Afectados del 1-O y la Asociación de Abogacía de la Democracia de Lleida, ha sido además notificada a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de la Haya.
En el texto de esta querella por crímenes contra la humanidad se denuncia un «ataque sistemático», «planificado» y «generalizado» contra la población civil durante la celebración del referéndum unilateral, por motivos «políticos e ideológicos».
Afirman que ante la celebración del 1-O en 2017 hubo una «planificación de la actuación contra la población civil hecha en secreto bajo un mando estructurado, estable, estratégicamente organizado y fuertemente jerarquizado perteneciente a las altas estructuras del Estado», en el que dejaron «al margen» a los Mossos d’Esquadra.
Por ello, denuncian un delito de lesiones, penado entre 12 y 15 años en el Código Penal en función de la gravedad, y un delito de torturas, que supone penas de prisión de entre 4 y 8 años.
Durante la presentación de la querella, Lluís Mestres, de la Asociación Atenes, ha explicado este jueves que han analizado la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en 63 puntos de votación de todo el territorio catalán, y asegura que hubo «un plan de ataque secreto» en el que las fuerzas de seguridad del Estado realizaron su labor de forma «claramente militarizada».
Ha asegurado que en más de 60 centros la Policía Nacional y la Guardia Civil entraron casi a la misma hora y con la misma metodología: sin mediar «palabra» con la población civil y contra la que «cargaron» con el objetivo de provocar «pánico y terror» para disuadir a los votantes.
En este sentido, ha precisado que junto al texto de la querella se han presentado numerosas pruebas audiovisuales que, dice, acreditan los hechos que se denuncian en la misma.
Ha aclarado que, de media, la Audiencia Nacional suele tardar unos seis meses en admitir una querella, pero ha recordado que puesto que ha sido notificada a la Haya, si el tribunal español se inhibe podría abrirse una instrucción internacional, ya que los crímenes de lesa humanidad son un delito internacional.
Durante el acto, ha intervenido también uno de los afectados del 1-O y uno de los querellantes, Enric Sirvent, de Lleida, quien ha relatado que le «golpearon y dieron patadas» hasta que cayó en el suelo, y que tuvo que ser «reanimado» con un desfibrilador por los votantes, que además hicieron un «cordón» para que pudiese entrar la ambulancia, mientras que ningún agente «le atendió».
Ha agregado que fue trasladado en helicóptero al Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, donde permaneció ingresado 17 días, nueve de ellos en la UCI: «Ese día -el 1-O de 2017- volví a nacer. Entonces tenía 70 años y ahora tengo 2», ha dicho.
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