El magistrado ha tomado esta decisión por problemas de agenda y después de que hoy declarara de nuevo ante el juez el exdirectivo del BBVA Antonio Béjar, quien está colaborando con la justicia aportando información de las contrataciones del banco con Villarejo.
Poco después de que Béjar aportara estos datos fue despedido de su puesto de presidente de la promotora Distrito Castellana Norte (Operación Chamartín), participada por el BBVA.
El juez imputó a la entidad como persona jurídica por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios dentro de la pieza 9 del caso.
En esta pieza se investigan las contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.
Pidió entonces al banco que designara a una persona como representante ante el juzgado y rechazó la petición de la entidad de personarse como perjudicada en la causa. El banco ha escogido a su director del servicio jurídico de BBVA España, Adolfo Fraguas, para acudir a la Audiencia Nacional en representación de la entidad.
Tomó esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación del banco después de analizar la documentación incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 y la aportada por el BBVA.
Documentos que, a juicio de Anticorrupción, acreditarían que los pagos «ilícitos» a la empresa de Villarejo, Cenyt, «afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal» y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía.
La Fiscalía asocia el delito de cohecho activo a que las contrataciones a Villarejo tuvieron como objeto «múltiples servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito» cuando el excomisario -en prisión desde noviembre de 2017- aún era policía en activo y por tanto su cargo era incompatible con estas labores.
Los «múltiples» delitos de descubrimiento y revelación de secretos derivarían de la información a la que consiguió acceder Villarejo de manera ilegal para aportar al BBVA, que supone, según la Fiscalía, «una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria».
En cuanto al delito de corrupción en los negocios, según Anticorrupción, éste se pudo producir porque alguno de los directivos del BBVA investigados «habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones.
Con la imputación del BBVA, prosiguen las pesquisas sobre las contrataciones por valor de varios millones del banco a Cenyt, empresa del excomisario que presuntamente habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios, según la investigación.
Varios cargos actuales y pasados del banco están investigados en esta causa, que es secreta, incluido el exconsejero delegado Ángel Cano y el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, que abonó una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión.
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