En declaraciones a los periodistas en Ávila, Casado ha asegurado que si logra gobernar tratará de recuperar las competencias penitenciarias que ostenta actualmente la Generalitat de Cataluña y ha condicionado el apoyo de su partido al Ejecutivo con que el PSOE rompa el acuerdo de gobierno en la Diputación de Barcelona y otros ayuntamientos catalanes.
«Ya está tardando», ha avisado Casado, convencido de que Sánchez «debe el Gobierno» a los independentistas, en referencia al apoyo parlamentario a la moción de censura que le aupó a la Presidencia del Ejecutivo y a la condición de «condenados por sedición» de los dirigentes y algunos de los candidatos de esas formaciones.
Ha sostenido que si el PSOE no rompe los acuerdos con los independentistas en el ámbito local «no tendrá credibilidad y fiabilidad para afrontar un desafío independentista» que, en su opinión, puede repetirse porque «algunos ya decían ayer que van a reincidir y van a volver a intentarlo».
Casado ha defendido que desde el ámbito legislativo deben ofrecer a los jueces nuevas «herramientas» para que las condenas puedan adaptarse «a las nuevas realidades delictivas» que observa, aunque ha defendido que esta visión es «compatible» con el respeto hacia la sentencia y la alabanza hacia el trabajo de los magistrados en este caso.
En este sentido, ha criticado que en los años 90 «el PSOE suprimiera alguna calificación penal que hubiera sido de gran utilidad» a la hora de afrontar este caso, por lo que ha anunciado que en caso de llegar al Gobierno promoverán un cambio en la legislación para contemplar el delito de «rebelión impropia».
Casado ha insistido en que el Gobierno tiene que velar por el cumplimiento de las penas dictadas este lunes por el Tribunal Supremo y evitar que haya «discrecionalidad a la hora de conceder el tercer grado» penitenciario, aunque ha reconocido que «la última palabra es del Supremo».
Sobre lo ocurrido en Cataluña tras la comunicación de la sentencia del «procés», el líder popular ha calificado de «absolutamente inadmisible» que la Generalitat «alentara la algarada, la insurrección y la desobediencia», y que su presidente, Quim Torra, haya respaldado el «comportamiento absolutamente reprobable de algunas personas que violentamente tomaron las calles de Cataluña».
Ha alabado el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluidos los Mossos, pero ha dudado de las instrucciones que puedan recibir de la Generalitat y ha reclamado al Gobierno que si se vuelven a producir cortes en las infraestructuras o un «intento de presión sobre cualquier institución» aplique la Ley de Seguridad Nacional.
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