En un escrito presentado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Madrid explican que realizan esta solicitud «ante la inminente ejecución» de la exhumación «dada la maquinaria pesada que se está depositando en el entorno de la basílica del Valle de los Caídos y que se ha cerrado el acceso al público».
Alegan que dicha «medida cautelarísima» es necesaria para evitar que pierda su objeto el recurso que presentaron en este juzgado contra las obras amparadas por la licencia municipal concedida para la exhumación.
Este recurso es interpuesto después de que otro juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, el número 3, del juez José Yusty, archivara el jueves pasado el procedimiento tramitado a raíz del recurso de la familia Franco contra la licencia municipal.
El juez José Yusty adoptó esta decisión después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso de la familia Franco contra la exhumación acordada por el Gobierno.
Ahora, tras anunciar el Gobierno que la exhumación tendrá lugar el jueves representantes de la Fundación Francisco Franco realizan este nuevo intento de paralizarla, en otro juzgado madrileño.
En su escrito alegan que se ven en «extrema necesidad de solicitar al juzgado auxilio in extremis para que se suspenda la validez de los efectos de la licencia para que el Gobierno no pueda ejecutar ni consumar su declarada sin tapujos por la vicepresidenta intención de exhumar» a Franco.
Estiman que los actos objeto de impugnación ante el Tribunal Supremo fueron los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo pasados, pero no la concesión de la licencia municipal para levantar la losa y realizar las obras precisas para proceder a la exhumación.
Añaden que son «obras de gran envergadura, sin proyecto técnico que lo respalde con el debido análisis de las medidas de seguridad a adoptar sobre un edificio catalogado con protección integral, creando una gran alarma social», además del «peligro para personas y bienes».
«Se corre el riesgo de que se ejecuten unas obras ilegales», denuncia el escrito.
Por otra parte los representantes de la Fundación alegan el «derecho fundamental a la intimidad del fallecido y de su familia y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno, que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales», así como la inviolabilidad de los restos mortales.
«Durante 43 años lleva descansando el general Franco en su reposo eterno en su tumba de la basílica, sin que ello haya generado perjuicio alguno al interés público», apostillan.