«Comunicamos a Prisa que no daremos acreditaciones a sus trabajadores para acceder a ninguna sede o a actos privados con simpatizantes», indicaba el partido de extrema derecha en su cuenta de Twitter.
En el editorial «Deber de réplica», el periódico denunciaba la «escalofriante naturalidad con la que los argumentos xenófobos e intolerantes» de Abascal durante el debate del pasado lunes «se codearon impunemente con los del resto de los partidos» y deberían «encender sin más demoras todas las alarmas» ya que se trata de propuestas que «no tienen cabida en el orden constitucional».
Asimismo, subrayaba que en la mayor parte de sus intervenciones Abascal «deslizó afirmaciones falsas y estableció disyuntivas falaces, dejando al descubierto su ideario incompatible con los valores constitucionales».
En Twitter, Vox contestó que el editorial de «El País» era «digno del más eficaz de los regímenes totalitarios» y convierte la discrepancia ideológica con un partido en motivo suficiente para pedir su exclusión del terreno político.
El veto de Vox a los periodistas de Prisa no es el primero, más de una decena de medios de comunicación no tienen acceso a sus actos.
El mes pasado, el partido liderado por Santiago Abascal defendía su «derecho» a vetar a una decena de medios de comunicación por considerarlos «activistas políticos disfrazados de periodistas» y se reafirma en que «no habla ni hablará» con ellos «por mucha apariencia periodística que tengan».
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado en varias ocasiones estos vetos y ha pedido a Vox que «ponga fin» a su campaña de acoso contra periodistas y medios de comunicación, que ha calificado de «clara vulneración» de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información.
La FAPE ha insistido en múltiples ocasiones en que la libertad de prensa es «uno de los pilares de nuestro sistema democrático y garantía de la necesaria pluralidad informativa que permite a los ciudadanos formarse su propia opinión».
El derecho a recibir información veraz es uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española.