«La celebración de dichas elecciones debe ser la prioridad fundamental de las actuales autoridades interinas», según el comunicado difundido este lunes por el Ministerio de Exteriores, que añade que todos los actores implicados deben contribuir al restablecimiento de la normalidad institucional en el país sudamericano.
Asimismo, España apoya el inicio inmediato de una investigación independiente sobre los fallecimientos en los enfrentamientos del pasado viernes en Cochabamba y subraya que el legítimo derecho de protesta «debe ejercerse siempre por vías pacíficas».
Tras recordar que la escalada de violencia en Bolivia se ha saldado hasta el momento con 23 muertos y centenares de heridos, el Gobierno añade que las labores de orden público, a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas, deben realizarse dentro de la legalidad boliviana y del derecho internacional en materia de Derechos Humanos.
En este sentido, precisa la nota, España comparte la posición de la Alta Comisionada de la ONU Para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Decreto que prevé la exención de responsabilidad penal, bajo determinadas condiciones, para el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno.