El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzga este lunes por desobediencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta dos años, acusado de desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de edificios públicos en el periodo electoral de las generales del pasado 28 de abril.
Esquius, que ha comparecido ante el tribunal como testigo del ministerio público, ha explicado que recibió la orden de retirar esta simbología tanto por parte de la JEC como del conseller de Interior.
Ha relatado que, primero, recibió un correo electrónico de la JEC en el que se le comunicaba el acuerdo de este órgano de que se retirasen todos los símbolos del Palau, de las consellerias y de los edificios públicos dependientes de la Generalitat.
Poco después, ha proseguido el ex comisario jefe de la policía catalana, recibió un correo del conseller de Interior en el que explicaba que había sido instado a dar órdenes a los Mossos para proceder a la retirada de estos símbolos, y que se les dio la instrucción de acudir al departamento de Presidencia para poner en su conocimiento el acuerdo de la JEC.
Preguntado si hubo alguna objeción por parte del jefe de Presidencia, Esquius ha asegurado que «en absoluto», y que éste afirmó que iba a notificar el acuerdo a las consellerías, ya que Presidencia era el órgano encargado de comunicar el acuerdo.
Ha explicado que se dieron instrucciones por escrito a las comisarías para que visitasen los edificios públicos para comprobar si se había cumplido la orden de la JEC, con la advertencia de que, en caso contrario, los Mossos deberían hacerla efectiva, como les comunicó el conseller de Interior.
Previamente, han comparecido cuatro agentes de la Policía Nacional que formaron parte del comisionado encargado de constatar si en el Palau de la Generalitat y en las consellerías del Govern permanecían las pancartas sobre los «presos políticos» y los lazos amarillos o si bien habían sido retirados, como había ordenado la Junta Electoral Central.
Los cuatro testigos, a propuesta del ministerio público, han declarado que su misión consistió en realizar fotos de estos edificios y de levantar un acta sobre la presencia o no de esta simbología, que luego remitieron a sus superiores.
Han manifestado, a preguntas del abogado del presidente catalán, Gonzalo Boye, que no recibieron ni «directrices» ni «pautas» sobre el tipo de simbología que debían comprobar que siguiese exhibiéndose, ya que no les compete a ellos entrar en estas «valoraciones», sino que labor fue simplemente realizar fotos y levantar actas.
Boye ha hecho hincapié en su interrogatorio a los cuatro agentes de la policía nacional si sabían cuándo había sido colocada esta simobología en los edificios de la Generalitat o quién los había colocado, preguntas a las que han contestado con un ‘no’.
También se ha referido en varias ocasiones a la prueba presentada por el ministerio fiscal de una visita al departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales que, ha dicho, ya no existe como tal.