El juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana atiende así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 20 de noviembre le solicitó que incoase diligencias previas contra Chaves, elex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y otras trece personas para investigar las subvenciones concedidas a la empresa jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego Campocarne y Primayor.
Según ha confirmado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado que investiga el caso de los ERE apoya la tesis de que los hechos no han prescrito y ha dictado dos autos en los que acuerda incoar diligencias previas contra quince personas, entre ellas diez ex altos cargos de la Junta.
El objeto de la instrucción será el préstamo «puente» de 5.829.817 euros concedido a la mercantil Campocarne Andalucía, anteriormente conocida como Hamsa, por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de 1999.
En un primer auto dictado el 3 de diciembre, el magistrado acuerda deducir testimonio íntegro y completo de las actuaciones e incoar nuevas diligencias previas en relación a la presunta perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación por parte de los quince investigados.
En un segundo auto, el instructor acuerda incoar diligencias previas por dichos delitos contra Chaves y los exconsejeros Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo.
También son investigados el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, el expresidente del IFA Salvador Durbán, el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y cinco directivos de la empresa.
En este segundo auto, el magistrado manifiesta que los hechos relatados por Anticorrupción en su escrito del pasado 20 de noviembre «podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
El juez añade que el objeto será «determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión» a Campocarne Andalucía SA de un préstamo «puente» de 970 millones de pesetas, al cambio actual unos 5,8 millones de euros, formalizado en escritura pública de 22 de diciembre de 1999.
En este sentido, añade que a través de este préstamo «podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos», una operación que no «tendría vinculación alguna con el denominado «procedimiento específico» ni con las indebidas transferencias de financiación en favor de IFA/IDEA».
El magistrado apoya la tesis del Ministerio Público y considera que los hechos investigados en esta nueva pieza separada «no habrían prescrito» teniendo en cuenta que «a fecha 1 de febrero de 2005 el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido -ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA-«.
En este segundo auto, el juez acuerda solicitar distinta documentación a la agencia IDEA, a las consejerías de Presidencia y Empleo y a la Intervención de la Junta para que la aporten «a la mayor brevedad posible».
También declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de dieciocho meses para la instrucción.