El asunto ya está en manos del Tribunal Constitucional, porque el PP y Ciudadanos recurrieron este tipo de fórmulas empleadas en el Congreso y el Senado en el arranque de la anterior legislatura, y ahora están dispuestos a acudir de nuevo a los tribunales una vez que agoten los recursos parlamentarios en las respectivas Mesas.
Pero en el Senado, tal y como ha explicado este miércoles el secretario tercero de la Mesa, Rafael Hernando, su Reglamento tiene una peculiaridad que no contiene el del Congreso.
Porque en el artículo 11.3 de la norma, que además tiene carácter de Ley Orgánica, se explicita cómo deben acatar la Constitución los nuevos senadores y las palabras exactas que tienen que pronunciar cuando el presidente les pregunte «¿Juráis o prometer acatar la Constitución?», algo que no ocurre en el Reglamento del Congreso.
El del Senado establece no solo cuál tiene que ser su respuesta, sino que deben hacerlo acercándose a la Presidencia, es decir, no desde su escaño, como sucede en el Congreso.
«Los senadores se acercarán sucesivamente ante la Presidencia para hacer la declaración contestando ‘sí, juro’ o ‘sí, prometo», detalla el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento.
Es esta concreción la que lleva a Rafael Hernando a sostener que se trata de una fórmula «absolutamente cerrada» que no puede modificarse, más allá del añadido «por imperativo legal» admitido en 1990 por el Tribunal Constitucional en una sentencia que es la que está dando pie ahora a los presidentes a aceptar más extensiones.
El grupo popular en el Senado va a analizar uno a uno todos los acatamientos de la sesión constitutiva de ayer martes para conformar su recurso ante la Mesa que, en caso de no ser admitido, podría acabar de nuevo en el Tribunal Constitucional, como ocurrió en la anterior legislatura.
Se trataría de dilucidar si el Constitucional ampara que se vaya más allá del «por imperativo legal» con apostillas tales como «hasta la República catalana» o «por los presos políticos y exiliados» empleadas por los independentistas catalanes o incluso al «por España» de los senadores de Vox, tampoco previsto en el Reglamento.
Frente a la opinión del PP, la nueva presidenta de la Cámara, Pilar Llop, entiende que el Alto Tribunal acepta ser flexible en los acatamientos, tal y como señaló ayer en el pleno ante las quejas del portavoz del grupo popular, Javier Maroto, y ha vuelto hoy a remarcar.
En su opinión, se trata de un asunto que ya resolvió el Constitucional en 1990 porque, según ha explicado, «cualquier otra fórmula que no deje vacío de contenido el propio acatamiento de la Constitución no tiene relevancia jurídica».