La sección tercera de lo Penal ha fijado ese día para la celebración de una vista para analizar el recurso interpuesto por la defensa del excomisario, que pidió que se revocará la decisión de prorrogarle dos años más su estancia en prisión preventiva y que se dejara en libertad provisional a su cliente sometido a vigilancia domiciliaria y con una tobillera de control telemático.
En un extenso escrito de 62 páginas, la defensa de Villarejo aseguraba que la vista celebrada el pasado 24 de octubre para decidir sobre la prórroga de prisión debía ser anulada por las condiciones en las que se encontraba el excomisario.
Ese día, según sostiene su abogado, se encontraba de baja médica y para poder estar presente en la vista mediante videoconferencia desde la cárcel de Estremera (Madrid), en la que está ingresado desde noviembre de 2017, «se le intentó bajar artificialmente su tensión arterial de forma brusca y en un corto periodo de tiempo».
«Se le suministraron entre 8 y 10 pastillas sin informarle de qué medicamentos eran pese a preguntarlo insistentemente», 4 de ellos, «en un espacio inferior a dos horas», asegura.
El letrado considera que con esta actuación «se vulneró el derecho fundamental a la integridad física y moral del interno, y fue sometido a un trato inhumano y degradante», .
En cuanto al recurso contra el auto por el que el juez García Castellón acordó prorrogar su prisión provisión provisional hasta el límite máximo de los 4 años ante un «evidente» riesgo de fuga, entre otros motivos, la defensa de Villarejo trata de rebatir todos ellos.
Sobre el riesgo de fuga esgrime «su arraigo familiar, social, profesional y económico» y recuerda que cuenta con un domicilio familiar «en el que permanecería caso de ser decretada su libertad, viviendo en él junto a su cónyuge y a su hija de 11 años».
Otro argumento es «la propia edad del investigado», 68 años, que «induce a considerar que con ella una persona ‘con una vida ya hecha’ no se sustraería a sus obligaciones», teniendo en cuenta además «la enfermedad que padece».
Discrepa también de que haya riesgo de reiteración delictiva, dado que la supuesta organización delictiva que Villarejo lideraría y que el juez definió como una «estructura paraestatal», «caso de existir, no podría operar por cuanto toda la estructura empresarial del investigado está intervenida judicialmente».
A todo esto añade que «transcurridos ya más de dos años desde la detención» tampoco «subsiste ya un riesgo de alteración y destrucción de fuentes de prueba de una intensidad tal que impida adoptar alguna medida menos gravosa» que la prisión.