«He tratado que estos valores se proyecten en mi trayectoria profesional», ha manifestado De la Mata ante la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante la que están compareciendo desde la semana pasada los 28 aspirantes a las tres plazas de magistrado en liza en el alto tribunal.
El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha mostrado su convicción de que el poder judicial es un servicio que tiene como objetivo servir y proteger al ciudadano, lo que exige ética y dedicación completa.
Tras repasar su trayectoria jurisdiccional, los últimos cinco años en la Audiencia Nacional y su paso por el CGPJ y el Ministerio de Justicia, ha expuesto, como es obligatorio, cinco resoluciones judiciales relevantes en su carrera, pero, a diferencia de otros candidatos, ha evitado explicar los casos concretos abordados.
Se ha centrado en el modo en que se aplicó la Constitución, la ley y la doctrina en un caso de revelación de secretos en el que la Audiencia Provincial de Madrid revocó una absolución para fijar una condena por injurias graves; dos casos de violencia de género; un auto de procesamiento en una macrocausa; y un auto sobre responsabilidad penal de personas jurídicas.
En el turno de preguntas, De la Mata ha defendido también el funcionamiento de los tribunales del jurado y, a pesar de las dificultades, la aplicación de las órdenes europeas de detención y entrega, cuestiones que han recibido duras críticas de alguno de los otros magistrados aspirantes al Supremo por el caso de Carles Puigdemont.
Tras él ha comparecido la magistrada Teresa Palacios, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que, en el caso de las euro-órdenes, se ha centrado en destacar la celeridad con la que actúan los jueces españoles ante las peticiones que reciben de otros países europeos.
Palacios, con una larga trayectoria en la Audiencia Nacional, ha presentado dos sentencias sobre terrorismo y el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y ha denunciado la saturación que vive ese órgano judicial ante las numerosas causas económicas que le llegan y que, a su juicio, no debería asumir.
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