La investigación que ha culminado con el arresto de estas tres personas, todas ellas de nacionalidad dominicana, por los presuntos delitos de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Alicante y se inició el pasado mes de marzo, cuando una mercantil de Ibi denunció que le habían estafado la cantidad de 161.172 euros.
En un principio, el pago era totalmente legal, acordado con una empresa proveedora de maquinaria, que le había mandado su factura y la cuenta bancaria donde realizar el ingreso.
Al día siguiente, la mercantil víctima de la estafa recibió un nuevo correo electrónico de unos de los detenidos que, utilizando el mismo nombre de la empresa proveedora, le solicitaba que ingresara el dinero en una cuenta totalmente diferente, con la excusa de que habían sido objeto de una auditoría.
Pero el nombre de la empresa había sido suplantado y el Código de Identificación Fiscal (CIF) que aparecía en la factura había sido falsificado.
A raíz de las investigaciones se supo que la cuenta estaba a nombre de un hombre de origen dominicano y con domicilio en Cuenca.
Esta persona, a pesar de estar cobrando la prestación por desempleo, había recibido transferencias por valor de 214.244 euros en tan solo dos meses: una de 35.090 euros de una empresa canadiense, otra de 17.982 de una compañía de China, y la de 161.172 euros de la firma alicantina.
Sin embargo, el dinero obtenido de forma ilícita no duraba mucho tiempo en esa cuenta. Casi inmediatamente se realizaban nuevas transferencias a otras entidades, nacionales y extranjeras, para evitar que la bloquearan en el caso de ser descubierto.
Del análisis de los movimientos bancarios se obtuvo también la identidad de dos personas más supuestamente implicadas en esta trama -otro hombre y su exmujer, residentes también en la misma ciudad- que habían sido beneficiarias de más de 107.000 euros en transferencias.
Finalmente, los agentes de la Guardia Civil de Alicante se trasladaron hasta Cuenca para detener a los tres sospechosos, quienes han pasado a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.
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